Inseguridad

JUAN CARLOS VILORIA

Uno de los temas estrellas de la publicidad radiofónica es la que está promocionando alarmas para domicilios particulares. En estos meses de verano han proliferado en la práctica totalidad de las emisoras comerciales las cuñas anunciando ofertas para colocar un dispositivo contra los ladrones, okupas, bandas de asaltantes del hogar. Están en el Top de la publicidad. Dicen más o menos: «¿Nos han robado en casa? No, pero le han desvalijado a la vecina del segundo». O: «Paco, me han llamado de la urbanización en la playa, que están entrando en las casas». «Ahora mismo llamo a X para que vengan a colocarnos la alarma». No sé si hay un síndrome de inseguridad o si la emergencia es real. Si es la publicidad la que alimenta el síndrome o el síndrome alimenta la publicidad. Lo cierto es que en mi urbanización, de seis caseríos, tres acaban de contratar una de esas alarmas que te 'aseguran' protección las 24 horas del día y que, en caso de asalto, en algún sitio se enciende una lucecita y se pone en acción la seguridad privada. Lo que confirma ese axioma de cierta izquierda que avisa: el que quiera seguridad que se la pague.

¿Es que la seguridad es de derechas? Eso debe pensar la alcaldesa de Barcelona ante los muchos «hechos puntuales» delictivos en su ciudad. Robos de móvil a plena luz, chica asesinada por resistirse, palizas a turistas, okupas lanzando tresillos por la ventana, narcopisos entre el vecindario de currantes, ha dicho que todo es mentira y que es una campaña del PP y Ciudadanos para atacar a su persona y desprestigiarla. Yo creo que la seguridad no es ni de derechas ni de izquierdas. A todo el mundo le preocupa porque es uno de los requisitos de la libertad y es imprescindible para el turismo, para el comercio, para el bienestar. Pero también es cierto que hay un cierto buenismo ambiental que no se atreve a señalar a determinados actores que provocan la inseguridad urbana porque considera que son unas pobres víctimas. Víctimas de la sociedad desalmada y desigual. Que es la sociedad la que no les proporciona una vivienda digna, que no les facilita la inserción social, la que les impide ganarse la vida vendiendo productos falsificados, la que no les da oportunidades educativas.

Así que si no se les puede señalar ni culpabilizar, ni reprobar, ni identificar, entonces habrá que considerarlos un castigo a la sociedad por sus propios errores. Esa es la tesis que en la capital de Cataluña ha ido alimentando un clima de impunidad callejera que ahora se le ha ido de las manos al Ayuntamiento. Es cierto que la Constitución es la primera ley que prohíbe discriminar o criminalizar colectivos. La Constitución protege a los individuos y rechaza severamente cualquier discriminación por razón de raza, religión, edad o nacionalidad. Cierto, pero de ahí a tener garantizada la impunidad judicial y policial por ser menor y delincuente, inmigrante y vendedor ilegal, de etnia gitana y okupa, hay un abismo.