El futuro de las pensiones

El futuro de las pensiones

Hemos de elegir cómo reformar el sistema, aceptando que cualquier solución tendrá sus costes de oportunidad. Necesitamos políticas que impulsen el crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de la productividad y los salarios

Pocos temas económicos reciben y merecen tanta atención pública como el futuro de las pensiones. Infinidad de estudios, informes y propuestas avivan un debate que sobrepasa lo económico para entrar de lleno en el terreno político y social. Ante la avalancha de ideas y argumentos, merece la pena detenerse en algunas cuestiones de fondo que ayuden a una mejor comprensión de lo que está en juego.

El sistema ideal sería aquel que garantizase la suficiencia, la cobertura y la sostenibilidad de las pensiones. Es decir, que fuera generoso en sus prestaciones, que alcanzara a toda la población jubilada y que pudiera financiarse con los mínimos sacrificios posibles. En los sistemas de reparto, como el español, esos tres objetivos podrían alcanzarse con las condiciones demográficas y macroeconómicas adecuadas. Si se diera una evolución demográfica compatible con una pirámide poblacional tradicional y si la economía creciera a buen ritmo, creando empleo, podríamos financiar sin apreturas unas pensiones generosas y con máxima cobertura.

Por desgracia, las condiciones macroeconómicas fallan. Las elevadas tasas de paro, el insuficiente avance de la productividad y el estancamiento de los salarios lastran los ingresos del sistema. Pero hay más. Incluso si empleo, productividad y salarios mejoran drásticamente, el imparable proceso de envejecimiento va a ir incrementando la presión sobre el sistema al acelerar el ritmo del gasto en pensiones.

¿Qué hacer ante este panorama? Desde luego, necesitamos políticas que impulsen el crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de la productividad y los salarios. Una sociedad próspera cuenta con más recursos para arrostrar sus desafíos. Esto, desafortunadamente, no bastaría dada la magnitud del cambio demográfico que se está produciendo. Por tanto, hemos de elegir cómo reformar el sistema, pero aceptando que cualquiera de las soluciones tendrá sus costes de oportunidad. Así, podría lograrse que el sistema alcanzara buen nivel de cobertura siendo sostenible a costa de una menor generosidad. En realidad, esto es lo que se está haciendo con reformas como el retraso en la edad de jubilación. O podría mantenerse un sistema generoso, con gran cobertura, a costa de hacerlo financieramente insostenible, lo que obligaría a tomar recursos en principio destinados a otros fines. Por ejemplo, esto ocurriría si parte de los impuestos recaudados pasara a sufragar los gastos en pensiones, dejando de estar disponible para partidas como sanidad o educación.

En esta toma de decisiones hay que valorar, además, que nuestro sistema de reparto es un mecanismo con tres funciones. En primer lugar, es un mecanismo de ahorro obligatorio para el futuro más lejano, el de la jubilación. Por otro lado, es un mecanismo de redistribución de la renta, cuyos mínimos y máximos sobre cotizaciones y prestaciones permiten transferir renta de quienes más tienen a quienes cuentan con menos. Por último, es un mecanismo de solidaridad intergeneracional, en que los jóvenes pagan las pensiones de los jubilados, en un ciclo que se repite generación tras generación.

Cualquier reforma incidirá en estos tres ámbitos. Pongamos como ejemplo una hipotética subida de las cotizaciones actuales. Supondría un aumento del ahorro obligatorio para quienes hoy trabajan, incrementando también la carga que soportan en la solidaridad intergeneracional, amén de los efectos redistributivos que pudiera tener.

En este sentido, una última consideración. Existen otros mecanismos para el ahorro a largo plazo, la solidaridad intergeneracional y la redistribución. Por ejemplo, los planes privados de pensiones, la atención a la dependencia o el sistema tributario. Convendría que cualquier reforma de las pensiones se complementara con dichos mecanismos para el mejor cumplimiento posible de las tres funciones comentadas.

Para terminar y a modo de conclusión, destacar que en materia de pensiones no cabe la inacción, hemos de elegir qué hacer enfrentándonos a disyuntivas difíciles. No hay soluciones mágicas, pero sí diferentes alternativas. Mal harían los responsables políticos en edulcorar esta compleja realidad con mensajes simplistas. Como sociedad que se juega mucho, necesitamos y merecemos total transparencia para decidir mejor.

 

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