FUNERALES DE ESTADO

Pablo Salazar
PABLO SALAZARValencia

Por las películas y las series norteamericanas sabemos de la tradición en la CIA de reconocer internamente el trabajo, el esfuerzo y en ocasiones el heroísmo de sus agentes, hombres y mujeres que ocultan a los demás su auténtica ocupación y que cuando consiguen un éxito en su cometido se tienen que conformar con una medalla o una placa que jamás podrán lucir en público o con la inscripción de su nombre en un gigantesco mural junto a todos los que dieron su vida por la causa. Pero quien se dedica a los servicios secretos de su país sabe que ésta es una de sus hipotecas. Una de las preguntas que surgen en las sociedades democráticas avanzadas es hasta dónde pueden llegar los entes que habitualmente se ocupan de lo que llamaríamos el «trabajo sucio» en un Estado de derecho que se rige por unas normas que, en principio, deberían valer igual para todos. El problema, obviamente, es que en la otra parte, en el lado oscuro, hay terroristas, delincuentes, mafias, organizaciones criminales y Estados autoritarios que no tienen el menor inconveniente en saltarse esas normas y las que sean necesarias para conquistar sus objetivos, sea el que sea, desde sembrar el caos a ganar dinero o derribar gobiernos. Frente a estos actores que utilizan cualquier medio a su alcance ¿no puede el Estado hacer una excepción a sus propias normas en aras de un fin superior como es la protección del sistema y el bienestar de los ciudadanos? Hace unos días vi una película de 2015 -'A war' ('Una guerra')- que plantea un dilema interesante: un oficial del Ejército danés que manda una unidad que opera en Afganistán es llevado a juicio por una acción en la que resultan muertos civiles inocentes que se encontraban en la zona de combate. En su contra son utilizadas grabaciones de las conversaciones con algunos de los soldados efectuadas en mitad del intercambio de disparos. Si el militar que se sienta en el banquillo de los acusados no hubiera ordenado bombardear la zona desde la que les disparaban los talibanes, toda su unidad habría resultado muerta; pero al hacerlo, hay civiles que fallecen, niños entre ellos ¿Qué hacer en este caso? Si a los militares se les ata de pies y manos, ningún Ejército querrá intervenir en una zona de conflicto. Si los servicios secretos tiene que funcionar en el estricto marco que delimitan las leyes, los criminales adquirirán tal ventaja que será materialmente imposible atraparlos. A los espías y a sus jefes hay que dejarles trabajar en defensa del bien común, del modelo de sociedad en el que creemos una inmensa mayoría. Y cuando fallan, hay que exigirles responsabilidades. Es su trabajo y ellos aceptan esas reglas del juego. Al igual que saben que al morir no tienen derecho a un funeral de Estado, por injusto que en ocasiones pueda resultar.