FRACASOLOGÍA DE LA SENTENCIA

Lo peor del vídeo grabado por varios ministros del Gobierno en funciones para contrarrestar la campaña de intoxicación de la Generalitat de Torra/Puigdemont y del independentismo catalán contra España no es el tono cursi e infantiloide de algunas de las intervenciones (especialmente la de Carmen Calvo), con ser francamente detestable. Lo peor es la propia existencia del vídeo, el hecho de que el Gobierno tenga que salir a explicar en el exterior que España es un régimen democrático moderno y avanzado como cualquier otro país europeo. Y lo es porque significa que el constitucionalismo acepta las reglas del juego del soberanismo, entra al trapo y admite que sean ellos, los que quieren romper España, quienes marquen la agenda. Pero también por lo que tiene de aceptación tácita de que la leyenda negra española sigue vigente a pesar de sus múltiples falsedades y de la injusticia histórica que representa. La publicación de la sentencia contra los promotores políticos del 'procés' me ha pillado en plena lectura de 'Fracasología', el nuevo ensayo de la historiadora María Elvira Roca Barea tras el éxito de 'Imperiofobía'. Su tesis es que las potencias extranjeras rivales de España cuando en el Imperio español no se ponía el sol supieron hacer uso de un arma de destrucción masiva contra la hegemonía hispánica mucha más efectiva que una batalla en campo abierto y cuyos efectos perduran aún hoy: la propaganda negativa (lo de las 'fake news' no es un invento de las redes sociales, otra cosa es cómo se transmitan, a través de qué herramientas). Lo más curioso del caso -y terriblemente decepcionante- no es que los de fuera se creyeran las burdas mentiras (el imperio era un completo desastre en lo económico, que avasallaba y explotaba a sus colonias, y los españoles, unos seres atrasados, incívicos e irracionales) sino que consiguieran filtrarse primero y afianzarse después dentro del territorio nacional, sobre todo entre las élites. Y en esas estamos, creyéndonos inferiores y teniendo que convencer a los demás de que no lo somos. Cuando si algo ha quedado claro con el juicio y la sentencia es que España es un Estado de derecho no ya homologable a los de su entorno sino más avanzado, con más garantías para los procesados y con una mayor protección de los derechos y las libertades fundamentales. Un país tan descentralizado que el futuro inmediato de los condenados por sedición y malversación de caudales públicos queda ahora en manos de la misma administración pública que se dedica a poner en entredicho el prestigio de la democracia española. Lo cual, por cierto, habrá que agradecérselo a un tal José María Aznar, que es quien accedió a la solicitud de Jordi Pujol para transferir a la Generalitat catalana la competencia sobre sus cárceles.