¿AHORA YA PARA QUÉ?

J. C. Ferriol
J. C. FERRIOLValencia

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visita este lunes Valencia para reunirse con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. La cita se desgajó de la comisión bilateral entre el Gobierno central y el autonómico celebrada hace pocas fechas, y cuyo balance, después de restarse la discusión sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, quedó reducida a acuerdos de letra pequeña. Viene la ministra, que hasta su nombramiento era la consejera andaluza de Hacienda. Y Andalucía era, para la Comunitat Valenciana, una suerte de primo de zumosol con el que se pretendía llegar con una posición de fuerza a la negociación del nuevo modelo con el Gobierno y con el resto de autonomías. Cuento esto porque cabe suponer que la relación con la ministra es buena y que las posibilidades de llegar a acuerdos son óptimas. Bueno, en realidad lo serían si el momento político fuera otro. Con unas elecciones generales y autonómicas a la vuelta de la esquina -coincidan o no el mismo día- las posibilidades de que cualquiera de los compromisos que salgan de esa reunión no revistan un carácter electoralista y por lo tanto creíble, son escasas. La reunión con el presidente valenciano habría resultado óptima si se hubiera producido una semana después de llegar al cargo y como consecuencia de la necesidad de transmitir complicidad a la región más maltratada por el modelo de 2009 aún en vigor. Pero ahora, con la legislatura agotada y con la incógnita del próximo Gobierno -por buenas que sean las encuestas- los compromisos no pasarán del previsible «eso dependerá de si ganamos las elecciones». No parece mucho bagaje para una reunión tan esperada y para un problema tan grave, al que Puig le ha dedicado tres cuartas partes de la legislatura. En todo caso, si con lo que nos tendremos que conformar es con compromisos que dependerán del resultado que salga de las urnas, al menos cabría reclamar alguna concreción. La deuda de la Marina, asumida un día y guardada en el cajón al siguiente, sería un buen comienzo. Incrementar los anticipos de la financiación que llegan vía FLA sería otra. Concretar los mecanismos de compensación previos a la reforma del sistema de financiación autonómica, otra. Y garantizar que se mantendrá el porcentaje de inversiones de los PGE de 2019, tanto en el que tendrá que hacer el próximo Gobierno como en los siguientes, otra. No vale con proclamar que se cambiará la financiación autonómica y no dar plazos, ni propuestas concretas. No sirve asegurar que se condonará la deuda histórica, que el presidente Puig cifra en el entorno de los 10.000 millones. De hecho, incluso habrá que ver si Montero, exconsejera andaluza, se atreve a garantizar que, llegado el caso, perdonaría ese dinero.