¿Dónde está Enrique?

BRUNO FERNÁNDEZ TERRASA

El siguiente texto es un extracto de la solicitud presentada formalmente en el Ayuntamiento de Paterna el pasado día 29 de octubre instando al primer teniente de alcalde, don Julio Fernández Piqueras, a que inicie, como competente en la materia, las labores de búsqueda de los restos mortales de mi tío abuelo Enrique Terrasa Gómez, víctima de la represión republicana inmediatamente posterior al alzamiento militar de julio de 1936. Huelga decir que no pretendo con este acto administrativo o con la publicación de esta tribuna la defensa extemporánea de ideologías trasnochadas ni reivindicaciones de victorias bélicas herrumbrosas. El paso del tiempo amarillea las páginas del grueso tomo de la Historia sin que, a pesar de los esfuerzos, nadie o nada pueda hacer nada al respecto.

Combatir la liquidación de la verdadera memoria o la sorprendente pusilanimidad de la sociedad frente a la apropiación de los terrenos públicos y hasta psicológicos no requiere en la actualidad de audacias de trinchera o de bayoneta calada; sí, humildemente, de arrojos intelectuales y jurídicos como éste.

«Todas las familias españolas cuentan, como si fuera patrimonio inmaterial de su herencia, con historias luctuosas de fusilados, desaparecidos o represaliados durante la Guerra Civil española del siglo XX -no ha sido la única de la historia de España y tampoco la más cruenta-. También es habitual que esas historias de sufrimiento humano se repartan casi a partes iguales entre víctimas de uno y otro bando en contienda. Mi caso no es particular. Cuentan mis mayores que un hermano de mi abuela materna, funcionario de correos movilizado por el gobierno de la II República, fue fusilado por el Ejército del Sur al mando del general Queipo de Llano después de ser juzgado en sumarísimo consejo de guerra. Su causa judicial militar, ejecución e inhumación fue formalizada y dada por tanto la necesaria apariencia legal al proceso. Estimo inconveniente la discusión sobre la calificación moral del hecho en sí. Sus deudos directos, fallecidos todos ellos hace décadas, realizaron ese ejercicio en vida con ese espíritu de reconciliación que debe informar toda transición política desde un hecho sumamente trágico y de tantas implicaciones emocionales como es una conflagración de naturaleza civil hacia la normalización, pacificación y reconstrucción. Es oportuno mencionar aquel célebre colofón del discurso del presidente de la República don Manuel Azaña en Barcelona a dos años del inicio de la guerra en el que suplicaba «paz, piedad, perdón» a los que tenían que ver el final del conflicto.

El reconocimiento del sufrimiento de las víctimas, de su innegable existencia, ajeno a afiliaciones políticas debe ser asunto nuclear en la creación de regulaciones en esta materia que han dado en llamar «memoria histórica y democrática». Bien es cierto que tanto la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de la Memoria Histórica como la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana parecen nacer con respeto a ese principio de imparcialidad, pero permítame manifestar mi particular opinión sobre la existencia en ellas de un sesgo ideológico que entra en conflicto directo con la historiografía e incurre en un presentismo partidista, o también dudar que en su aplicación se está siendo, o que se será, radicalmente aséptico. Reafirmo en este punto mi reconocimiento del padecimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil sea cual fuere su color político y a su derecho a ser resarcidos con los límites lógicos que establecen los valores propios de nuestro tradicional humanismo cristiano y el sentido común; esto es, atendiendo siempre a las circunstancias particulares de cada una de las consideradas víctimas y a la gravedad de las acciones reprochables que pudieran haber cometido, si es que las cometieron, evitando la sobreactuación de los poderes públicos y la apropiación de espacios que deberían ser «sacralizados» como absolutamente neutrales. En estricta observancia de estos parámetros no debería victimizarse u honrarse a quien actuó como un despiadado matarife o acabar izando alegremente la bandera de uno u otro color en lugares que fueron escenario de crímenes políticos de autoridad diversa. Lo contrario es propio de las satrapías orientales o caribeñas.

Es público y notorio que en el municipio del que usted tiene el honor de ser primer teniente de alcalde y responsable de «memoria histórica» se vienen realizando intervenciones de campo e investigación con el objetivo de identificar víctimas de la guerra inhumadas irregularmente; mayormente de la represión franquista. Han sido también difundidos con profusión actos de homenaje y aprobadas medidas legales y económicas para la creación y conservación de memoriales de la, otra vez, represión franquista como el llamado 'Paredón de España'. Obviar con inequidad lacerante, extirpar de cuajo la memoria de las víctimas de la represión republicana, genera un desequilibrio social y psicológico de unas consecuencias indeseables que tristemente comenzamos a vislumbrar. La permanencia de un sistema verdaderamente democrático depende de la frágil correlación de contrapesos que ahora va camino de ser quebrada. Es su deber como responsable ejecutivo de la corporación paternina velar por la objetividad de los actos de la administración local de la que es responsable y por la neutralidad de los espacios públicos. Esta solicitud es, a parte del legítimo instrumento administrativo a través del cual satisfacer una personal necesidad -que antes no existía o permanecía ociosa- de conocer los hechos, una auditoría ciudadana, una prueba de calidad de esa «memoria histórica democrática» que usted y su partido, el PSPV-PSOE, han impulsado en su población, en la Comunidad Valenciana y en España.

Mi tío abuelo Enrique Terrasa Gómez, maestro nacional, dirigente del SEU (Sindicato Español Universitario) y de Falange, fue probablemente -así consta en los legajos de la Causa General que se aportan (...)- víctima de una «saca» de presos y asesinado en su municipio entre los días 11 y 12 de septiembre de 1936 después de permanecer interno en la cárcel modelo de Valencia -entonces 'prisión celular'- desde el 5 de agosto del mismo año sin que, a día de hoy, se tenga conocimiento de la incoación de proceso penal alguno y por lo tanto de imputación penal que no sea la de su mera adscripción sindical y política. Para desesperación de la familia nunca apareció el cadáver y quedaron ignotas las circunstancias concretas de su muerte y probable tormento. Es por todo lo expuesto que solicito a su ilustre persona que (...) active todos los mecanismos procedimentales y operativos que fueran necesarios para la localización de los restos de mi familiar (...) en virtud de la normativa en materia de memoria histórica».