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La desalinización, inviable para la agricultura

La desalinización, inviable para la agricultura

MANUEL MIÑÉS MUÑOZ DIRECTOR-GERENTE DE LA CÁMARA DE CONTRATISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Lunes, 7 de octubre 2019, 08:54

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A raíz de la derogación del Plan Hidrológico de 2004 y la supresión del ya aprobado en su día trasvase del Ebro, por el Gobierno de Rodríguez Zapatero (cediendo a las presiones de Cataluña), en su lugar la ministra Narbona -con su 'Programa Agua'- decidió construir 20 grandes desaladoras para una producción máxima de unos 700 millones de hectómetros cúbicos/año, en las provincias de Almería, Murcia, Alicante (Torrevieja-Mutxamell-Xàbia) Valencia (Sagunto) y Castellón (Moncófar y Oropesa), contando con la cofinanciación de la Unión Europea.

Los altos costes energéticos tanto en su operativa, filtración y bombeo acarrean unos costes finales de alrededor de 0'80 euros por metro cúbico de agua desalada, frente a los 0'15 resultantes para el agua azul subterránea, o agua trasvasada del Tajo-Segura. Por ello, el sector agrario viene expresando su repulsa a este agua, aduciendo que no puede pagarla. Quizás resulta menos onerosa para usos urbanos, sobre todo en zonas turísticas, de grandes demandas puntuales, aunque en verdad tanto para los agricultores como para los ayuntamientos existe un problema de costes energéticos en el la operación y bombeo de las plantas desaladoras (a nivel del mar).

¡Aquí tenemos un reto! Disminuir el coste de explotación utilizando las fuentes de energía renovable solar y eólica y aplicarlas a las desaladoras.

Ante el incumplimiento reiterado de la desalinizadora de Torrevieja en su puesta en servicio durante más de tres años, y posteriormente apenas operativa al 40% de su caudal máximo, la Unión Europea -igual ocurrió con los incumplimientos en depuración- nos sancionó en 2015, y tuvimos que devolver 55 millones de euros de la cofinanciación por no entrar en funcionamiento en los plazos marcados ni alcanzar los caudales previstos.

Igualmente, tras más de cinco años de inactividad, los ayuntamientos de Oropesa, Moncófar, Cabanes, Xilxes y Benicasim -tras varias moratorias- conveniaron el pasado mes de mayo con Acuamed el que los municipios paguen el agua a 0'46 euros el metro cúbico para consumo humano, fijándoles un mínimo de consumo obligatorio, y abonar solamente a 0'30 para uso agrario. De ese modo. los 33'3 millones de euros que recibimos de la UE (17 para Moncófar y 16'3 para Oropesa) no los tendremos que devolver. ¡Gran favor el permitirnos la UE una demora de 5 años... sin sancionarnos!

La desalinizadora de Sagunto está a expensas, todavía, de alcanzar un acuerdo entre el Ayuntamiento, Epsar y Acuamed para que también se le venda el agua por debajo del coste real, mientras que la procedente de la desaladora de Mutxamel, está vinculada su puesta en operación a que llegue el agua del posttrasvase Júcar-Vinalopó (obras pendiente de ejecutar más de cuatro año por la Generalitat Valenciana) y se pueda producir con ello una 'mezcla' que mejore la calidad y sus costes finales, para los regantes.

A todos estos problemas técnicos, grandes desviaciones de costes e ineficacia en la operatividad de Acuamed se suma que la Audiencia Nacional, a requerimiento de la oficina Antifraude de la UE, está investigando la financiación ilegal del PSOE en la época de Rodríguez Zapatero a través de Acuamed, en estos momentos bajo investigación judicial ante los indicios de financiación ilegal tanto a través de gastos internos de la sociedad pública, como por gastos promocionales cargados a las empresas concesionarias de las desaladoras. De ser cierto, España debería devolver por uso fraudulento la cofinanciación europea recibida, en concreto para las siete desaladoras de Acuamed supondría devolver unos 217 millones de euros.

La OLAP (Oficina Europea de lucha contra el Fraude) ha señalado ya, en primera instancia, que España debe devolver ese dinero, porque el responsable último de la cofinanciación, Acuamed, estaba bajo responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona (hoy presidenta del PSOE) en la etapa de las elecciones generales de 2008, periodo que concentra la investigación judicial.

Abrir un grifo y que salga agua tiene un coste, como lo tiene mantener nuestros ríos y nuestros mares limpios. Tenemos que pagarlo y hacer inversiones para lograrlo. Y aquí también nos referimos a los graves problemas que debe asumir la ciudad de Valencia con su escasa y obsoleta red de colectores.

Coste que debemos asumir los agricultores, los industriales y la población en general. Los políticos han de priorizar sus gastos, subvenciones y asesores,,, e invertir en el ciclo del agua como prioridad.

Europa ha cerrado el grifo de las ayudas y las administraciones españolas no tienen ya credibilidad.

Debe ser Prioritario para el Gobierno de la nación y las comunidades autónomas que el ciclo integral del agua y sus infraestructuras (conducciones, estaciones de bombeo, abastecimientos, desalación, depuración, reutilización, riegos, presas e ingeniería fluvial) sea gestionada para una mayor eficacia, por el Ministerio de Fomento (responsable de las infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias e hidráulicas) y a nivel de la Generalitat Valenciana por la Consellería de Obras Públicas y Territorio, con la necesaria coordinación con los departamentos de Agricultura, Medio Ambiente y con los ayuntamientos.

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