Lo del Derecho civil valenciano

Pablo Salazar
PABLO SALAZARValencia

Con la iniciativa política para la recuperación del Derecho civil valenciano -apoyada por PSPV, Compromís, Podemos y el PP y rechazada por Ciudadanos- pasa como con tantas otras cuestiones, que si te sales de la norma, del cauce establecido, corres el riesgo de ser señalado como un mal valenciano que no quiere lo mejor para su tierra. Piensen por ejemplo en asuntos como la mejora de la financiación (¿quién puede estar en contra, así planteada?) o en la llamada defensa de «la nostra llengua» (eufemismo, como ya hemos demostrado, que emplea el nacionalismo y la izquierda para no hablar abiertamente del catalán). Nadie ha explicado, sin embargo, por qué es mejor para los residentes en la Comunidad Valenciana el que estén vigentes determinadas instituciones jurídicas en lugar de otras, más allá de que «es que son valencianas, son las nuestras» y, sobre todo, del 'argumento' de que «es lo que han hecho otros», una derivación del famoso 'café para todos' que ya hemos visto a dónde nos ha conducido. La sensación de agravio es tan humana que se hace inevitable dar el paso. Si los catalanes lo tienen reconocido, ¿por qué no nosotros? Pero lo que alguien debería tratar de razonar es qué ganamos partiendo una vez más el mapa de España en trozos, hasta diecisiete, para que en cada parte se aplique una normativa diferente, por qué es mejor que en una comunidad el régimen matrimonial por defecto sea el de gananciales y en otra el de separación de bienes. Y no vale aquí el irrebatible recurso identitario según el cual el derecho civil valenciano es mejor porque es valenciano. Esta es una forma de defender una posición muy propia de los nacionalistas periféricos, que por ejemplo reclaman la competencia sobre los trenes de cercanías de Renfe porque, según su versión, en manos de la autoridad autonómica funcionarían mejor, en lo que viene a constituir un acto de fe, uno se lo cree o no se lo cree pero es indemostrable (de hecho, dudo que los sufridos usuarios de FGV -empresa pública de la Generalitat Valenciana- suscriban este axioma). Nos encontramos por tanto en el inestable, resbaladizo y muy peligroso terreno de la reivindicación de una institución histórica que hunde sus raíces en un pasado añorado (como cuando se lamenta la pérdida de los Fueros) y que se justifica no por una necesidad actual ni por una reclamación de la ciudadanía (no aparece este tema entre las principales inquietudes de los valencianos) sino porque «nos lo quitaron» y, como ya hemos apuntado, por no ser menos que otros. Con este planteamiento, que apela más al sentimiento que a la razón, difícil va a tener Ciudadanos descoser de su chaqueta la estrella amarilla que el resto de partidos le han colocado, como si no fueran buenos valencianos.