Depuradoras y acequias

Bruselas ha avisado a España seriamente por las deficiencias en depuración de aguas residuales. Amenaza con fuertes sanciones. Sin embargo no se ve que se emprendan actuaciones con urgencia. Si hay planes, deben llevarlos en silencio, mientras se echan balones fuera. Recordamos muy bien la rueda de prensa, a principios de los años noventa, en la que el entonces conseller de Obras Públicas, Eugenio Burriel, anunció la implantación del canon de saneamiento. Se aplicaría en los recibos del agua y su recaudación sería finalista; es decir, que el dinero recogido por la Administración por tal concepto lo destinaría íntegramente a construir depuradoras y a pagar los costes de su mantenimiento. Era un planteamiento razonable: el agua no tiene precio en sí misma, porque llueve de forma gratuita (de momento); lo que se paga es por lo que cuesta captarla, almacenarla, potabilizarla, conducirla y, en suma, llevarla hasta los puntos de consumo, hasta los mismos grifos de las casas. Lo que se añadía entonces era el cobro de un nuevo gasto: el coste de coger esas aguas ya usadas y vertidas, para depurarlas y devolverlas al medio natural en buenas condiciones, sin contaminar. Lo que ha ocurrido, sin duda, es que ese dinero que tenía que ser finalista no se ha empleado en lo prometido, y, al mismo tiempo, nos hemos olvidado de recordarlo y exigirlo. De ahí las graves deficiencias y carencias que señala Bruselas, amenazando con fuertes sanciones, que también pagaría la ciudadanía que ya ha pagado por lo que no se ha hecho. Por eso lo del episodio de la depuradora de Pinedo, a estas alturas sin aplicar una depuración seria que evite molestias al vecindario y sirva para reutilizar sus aguas. Por no hablar de lo que se depura sobre el papel pero en realidad no se depura y va a las acequias de la huerta protegida.