Culpa in vigilando

Pablo Salazar
PABLO SALAZARValencia

La gran pregunta que cabe hacer a partir de los casos de corrupción (o, a la espera de que lleguen a ser juzgados -si es que tal cosa sucede-, de presunta corrupción) que han ido destapándose por la acción policial en estos últimos años es hasta dónde llega la obligación de controlar a sus subordinados por parte de un dirigente político, es decir, los límites de la famosa culpa in vigilando, un concepto de Derecho Civil que no es aplicable al Penal pero si al ejercicio de la política aunque sólo sea en el plano ético. Podríamos diferenciar en los escándalos que han afectados al Partido Popular, aquellos en los que se habría producido un enriquecimiento ilícito del cargo implicado -como, por ejemplo, en un caso ya juzgado y sentenciado, el que llevó al exconseller Rafael Blasco a la cárcel o la causa abierta contra el expresidente Eduardo Zaplana- de aquellos otros en que personas de su entorno o subordinados que estaban bajo sus órdenes sacaron provecho durante su mandato pero sin que se produjera un incremento patrimonial del político situado en lo más alto de la cadena de mando. Y aún cabría añadir una tercera categoría, que sería la de los condenados por mordidas que no les aprovecharon personalmente sino que fueron para el partido. Si en el primer grupo ya hemos señalado a Blasco o a Zaplana, en el segundo podríamos referirnos a tres nombres que lo han sido todo entre los populares: el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el expresidente valenciano Francisco Camps y la exalcaldesa Rita Barberá, de actualidad estos días por la detención de su cuñado José María Corbín. En ninguno de estos tres casos se pudo demostrar en su día que la corrupción que floreció en los aledaños de sus gobiernos repercutiera en sus cuentas corrientes, en su patrimonio. Y sin embargo, todas esas tramas delictivas acabaron con sus carreras políticas y, en el caso de la exalcaldesa y entonces senadora, hasta con su vida. ¿Significa este hecho, este dato objetivo -el no enriquecimiento- que no hay culpa por su parte, que no es exigible una responsabilidad a la persona a la que se concede el ejercicio de un cargo público? Es extraño pensar que personas de la estricta confianza del líder, incluso parientes cercanos o amigos, puedan estar metiendo la mano donde no deben sin que su protector se entere de nada. Otra cosa es que las administraciones hayan adquirido una dimensión en la que para un presidente o un alcalde es totalmente imposible vigilar todos los procedimientos de contratación que dependen de él, una situación que cabría extender a los propios partidos. El presidente nacional del PP seguro que no está al tanto de cómo se contratan las obras en su sede, pero de ahí a que no conozca quién era y cómo actuaba Bárcenas... Lo mismo cabría apuntar de otros casos similares y más cercanos.