A estas alturas, cuando estamos todavía lejos -muy lejos- de divisar el final de la pandemia que nos asola, es aún temprano -muy temprano- para atreverse siquiera a aventurar una cifra definitiva de infectados o de fallecidos, y más aún para hacer un cálculo aproximado de las pérdidas que esto supondrá para nuestra maltrecha economía. Pero desde ya mismo hay una cifra definitiva e inamovible de víctimas del coronavirus que es posible avanzar sin sombra de duda acerca de su exactitud: cuarenta y siete millones.
Es el número de los españoles y residentes extranjeros que desde el pasado 16 de marzo hemos visto sustancialmente recortados -o hemos perdido sin más- una parte fundamental de nuestros derechos como consecuencia de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para luchar contra la pandemia. Me refiero a los que desde hace ya casi tres semanas -y lo que nos espera- no podemos practicar nuestra religión, hemos visto mermada nuestra intimidad, y nos hallamos privados del derecho a elegir libremente nuestra residencia, a circular por el territorio nacional y a entrar y salir libremente de él; a los que no podemos ejercer el derecho de reunión, ni el de huelga; y a los que no han podido contraer matrimonio. Me refiero a aquellos para los que el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo se ha convertido en un cruel sarcasmo; a los trabajadores que han perdido su derecho al trabajo; a los empresarios que se preguntan en qué ha quedado la libertad de empresa; y a los vascos y los gallegos que han visto esfumarse su sacrosanto derecho al sufragio. En suma, a los españoles que nos hallamos sufriendo la más severa, la más prolongada, y la más amplia restricción de nuestros derechos constitucionales en varias generaciones, infligida precisamente por quienes tenían la obligación de protegerlos y garantizarlos.
Se me dirá que todas estas restricciones están ética y políticamente justificadas por la necesidad de cortarle el paso a la pandemia, y jurídicamente amparadas en la Constitución y las leyes. En cuanto a lo primero, tiempo habrá de discutir si una acción más decidida del Gobierno no habría podido atajarla antes de que atacara nuestro sistema de libertades. Y en cuanto a lo segundo, sigo sin encontrar en la Ley Orgánica que se ocupa de regular el estado de alarma base jurídica suficiente sobre la que sustentar tan descomunal recorte de nuestras libertades. De modo que me conformaré hoy con subrayar el dato: que mientras cien mil españoles luchan por su vida, las libertades de cuarenta y siete millones se hallan ya bajo tierra.
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