Crisis en el movimiento vecinal

FERRAN BELDA

Las asociaciones de vecinos han pasado de ser una prometedora herramienta social a convertirse en una carga para sus afiliados en los 40 años de democracia municipal que está celebrando su federación. De constituir un oscuro objeto de deseo para los partidos comunistas valencianos en el tramo final de la dictadura o para el PP en los 90 a languidecer ante la indiferencia de quienes coadyuvaron a su nacimiento antes de manipularlas. Crear teóricas organizaciones de masas como éstas para ensanchar sus bases, hacer proselitismo y meter en problemas a los últimos ayuntamientos del régimen se convirtió en una obsesión para los antifranquistas. Podrían haber optado por apuntarse a las fallas, que es lo que sugeríamos algunos en razón de su arraigo. Y, por lo menos, habrían disfrutado de la fiesta y puede que hubieran evitado el divorcio que se produjo después entre la izquierda y el mundo fallero. Pero la consigna era crear AA.VV. y no hubo forma de que los cabezas cuadradas de los partidos entendieran que para que el vecindario tomara conciencia de las carencias ciudadanas no hacía falta inventarse nada porque para eso estaban los llibrets y los monumentos falleros.

Lejos de amainar, esta creencia en la capacidad de arrastre de las AA.VV. aumentó con el advenimiento del PP. El temor a que se convirtieran en núcleos de resistencia llevó a Rafael Blasco propiciar la formación de una Federación de Vecinos alternativa para dividir al movimiento vecinal. Aunque nada induce a pensar que sea esta jugada cesarista la causante de los achaques que sufren en la actualidad. Las AA.VV. están hechas unos zorros porque los que las utilizaron como punta de lanza para medrar se desentendieron de ellas cuando dejaron de necesitarlas. La mayoría de sus reivindicaciones han sido amplísimamente satisfechas. La fuerza que las alentó no se ha renovado. Y, por si esto fuera poco, no falta quien opina que han perdido su razón de ser. Lo seguro es que un 20% del total no puede hacer frente a los gastos ordinarios, según su presidenta. Una Mª J. Broseta que se duele de que el Tripartito fomente el individualismo participativo -los referéndums de pacotilla- en vez del asociacionismo. Pero que no alcanza a ver otro remedio al raquitismo que sufre el colectivo que el de siempre: el subsidio. La cesión de locales y de los fondos para su mantenimiento. En mala hora, cabe añadir, porque a lo que invitan sucesos como los ocurridos en Isla Perdida es a una revisión de usos y costumbres en el conjunto de la red. Se lo resumo. Los contrarios a la disolución de esta entidad acusan a la junta de permanecer más de 30 años en el poder y de utilizar las dependencias a guisa de academia privada. A lo que ésta objeta que vulneró los estatutos y propició la liquidación al sentirse acosada por grupos de desconocidos que acudían al local a afiliarse (sic).