Corruptos para siempre

Nada es suficiente para algunos que una década después siguen exigiendo no se sabe bien qué tipo de responsabilidades

CARLOS FLORES JUBERÍAS

Curiosa paradoja: no conozco a nadie dentro del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que niegue que esta formación debería pagar un precio -un alto precio- por su responsabilidad en el Caso Gürtel; pero tampoco conozco a nadie fuera de él que haya sido capaz de explicarme con un mínimo de detalle cuál debería ser exactamente ese precio.

Hablamos, por descontado, de precio político y de responsabilidades políticas, planos ambos en los que la precisión conceptual y la implacable previsibilidad que son propias del Derecho penal ceden paso a juicios infinitamente más cambiantes e imprecisos como son los propios del debate partidista. Pero aun moviéndonos en terrenos tan resbaladizos como estos, no me parece del todo atrevido que una vez aceptada la primera de las premisas -la de que el PPCV cometió graves errores y debería pagar por ellos-, dedicásemos alguna reflexión a la segunda: la de quién, cuánto, cómo y -sobre todo- hasta cuándo debería estar pagando por ello.

Es un hecho que en los diez años transcurridos desde el estallido del Caso Gürtel, tanto el PPCV como sus dirigentes de aquel entonces han purgado no pocas de sus culpas. Éstos, porque no bien se proyectó sobre ellos la sombra de la sospecha perdieron de inmediato sus cargos orgánicos e institucionales, llevan una década entera siendo arrastrados por el lodo mediático, y es más que probable que acaben encarcelados, inhabilitados y arruinados. Y éste, porque después de sufrir un duro castigo en las urnas se ha visto relegado al papel de simple oposición, destino si cabe más duro después de haber estado dos décadas largas disfrutando de un poder cuasi absoluto.

Pero al parecer nada de eso es suficiente para algunos que, una década, una derrota electoral, y un relevo generacional más tarde, siguen exigiendo no se sabe bien qué tipo de responsabilidades a unos líderes que en su inmensa mayoría eran simples gregarios cuando Correa, Crespo y el Bigotes regían las finanzas del partido. Responsabilidades que si hubieran de llevar a la disolución -como algunos piden- del Partido Popular, conculcarían el derecho a participar en la vida política de los millones de dirigentes, afiliados, simpatizantes y electores de ese partido que ninguna responsabilidad tuvieron en los desmanes de unos pocos; y que si pudieran saldarse -como ha sucedido en el caso de Convergència- con una refundación seguida de un cambio de siglas, generaría el efecto perverso de impedir a los electores pedirle cuentas a la formación política que traicionó su confianza.

En realidad, mi impresión es que la pretensión última de muchos de los que tanto y tanto claman porque al PPCV se le pidan las oportunas responsabilidades políticas es que dichas responsabilidades no lleguen nunca a quedar precisadas ni a resultar exigidas, ni en consecuencia puedan considerarse efectivamente extinguidas, de modo que puedan seguir siendo voceadas, con santa indignación, durante décadas y décadas. Franquistas y corruptos 'forever': ¿qué mejor garantía de victoria?

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