Aunque la primera va ganando adeptos, sigue siendo objeto de discrepancias el uso de la expresión «diversidad funcional» frente al término «discapacidad», recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001, Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud).

Tengo una hermana con sordera, que es maestra -una excelente maestra-, soy doctora en Ciencias de la Educación, imparto en la universidad materias relacionadas con la inclusión educativa y pienso que la dignidad de las personas con discapacidad no radica en el término que se utilice para hablar de ellas, sino en la actitud con la que nos dirigimos a ellas a nivel personal (respeto, consideración, etc.) y, sobre todo, a nivel social. Es decir, ofensivo no es decir de alguien que es una «persona con discapacidad», lo ofensivo es que las empresas no contraten a estas personas, ofensivas son las ayudas, ridículas, que reciben por parte de la Administración, y ofensivo es, sobre todo, que el plazo legal para abortar en nuestro país aumente de 14 a 22 semanas en el caso de que el feto venga con alguna «anomalía grave» (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo); ¿es el síndrome de Down una anomalía grave?, ¿y la espina bífida? -pregunto-.

Decir que somos diversos es una obviedad. Otra cosa bien distinta es abrazar la diversidad. Y, en cualquier caso, lo que no debemos perder de vista es que hay personas que tienen limitaciones -algunas significativas- en el funcionamiento y, por tanto, en su desenvolvimiento en la vida diaria (autonomía). Si dejamos de considerarlas personas en desventaja, corren el riesgo de que dejen de ser atendidos sus derechos (derecho a la educación especial si es necesaria, a un trabajo digno si la persona tiene cierta autonomía, el derecho -crucial- a recibir a ayudas sociales, etc.).

Creo que no hay que tener miedo a la discapacidad, ni silenciarla, sino que constituye una categoría más de la diversidad, como lo somos las mujeres, como lo son las personas LGTB, los inmigrantes... Apuesto, por tanto, por visibilizar, aceptar y normalizar la discapacidad.

Cada colectivo tiene sus necesidades y, entre las de las personas con discapacidad -algunas-, están los centros específicos, de educación especial. Pero sin colectivo no hay defensa de los derechos o estos quedan dispersos. Y es aquí donde enlazo con la marea de corazones verdes promovida por la Plataforma 'Educación inclusiva sí, especial también', una gran movilización social generada ante la propuesta de cierre de colegios de educación especial que plantea el Gobierno.

Me atrevo a afirmar que la educación inclusiva es una buena apuesta, y que sus beneficios son indudables, tanto para los alumnos con necesidades específicas, en clave de inclusión social, como para sus compañeros, ya que, desde la perspectiva de la educación integral, además de en valores intelectuales, es preceptivo educar en valores sociales, afectivos, morales..., impulsados por la convivencia con otras realidades diversas.

Ahora bien, lo será siempre y cuando los centros escolares cuenten con los medios y recursos, personales y materiales, necesarios: dos maestros por aula, el tutor o tutora y el maestro o maestra de apoyo; profesionales especializados, suficientes, en fisioterapia, pedagogía terapéutica, logopedia...; adaptaciones curriculares; sistemas alternativos y aumentativos de comunicación; etc.

Asimismo, por supuesto, también deben tener su espacio los centros específicos, de calidad, para aquellos casos, aquellos alumnos que, debido al alcance de sus limitaciones, ni en las mejores condiciones de un aula inclusiva podrían beneficiarse de esta modalidad de escolarización; y -añado-, por desgracia en nuestro país, mientras la educación inclusiva siga siendo una utopía.