COCHE OFICIAL

JC. Ferriol MOYA
JC. FERRIOL MOYAValencia

Pues claro que una autoridad pública debe de disponer de un coche oficial. Es que, de lo contrario, ¿cómo se va a desplazar? ¿en patinete? Vale que una cosa es el uso y el abuso de los medios de transporte oficiales -alguna vez se ha contado aquella del diputado que, teniendo tarjeta de autopista, la utilizaba mucho más durante sus vacaciones que en periodo de actividad parlamentaria- y otra cosa es ese 'todo malo' en el que algunos decidieron instalarse hace unos años, cuando llegó la crisis. Bajar los sueldos a los altos cargos, igual que no facilitarles los medios para que desarrollen su labor porque se consideran privilegios, son pequeños anuncios de propaganda llenos de demagogia y escasos de utilidad. Pan para hoy y hambre para mañana, se ha dicho siempre. Y quienes los han utilizado en alguna ocasión acaban siendo las primeras víctimas. Unidas Podemos es el mejor ejemplo. El movimiento del 15-M que sacó a la calle a tantos indignados para reivindicar, se decía, más y mejor democracia, ha acabado subiéndose al coche oficial como el sentido común hacía prever. La sucesión de amagos con los que el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, trató de burlar ayer a Juanjo Monzó para que no le retratara entrando al suyo -ahora me tomo un café, aquí me meto en un cajero, luego disimulo, y cuando creo que no me ve, me subo al coche- constituyen la mejor metáfora de la contradicción en que caen quienes haciendo bandera de la pureza, acaban demostrándose tan humanos como el resto. Y no son mejores ni peores. Si acaso incoherentes. Los primeros que exigen una administración ágil, eficiente y exenta de amiguismos deberían ser también quienes reivindicaran sueldos dignos para quienes asumen altas responsabilidades. El problema, claro está, consiste en haber hecho campaña justo de lo contrario hasta hace cuatro días. Reclamar honorabilidad, sostener aquello de la mujer del César, ser el primero en acudir al juzgado por si existen responsabilidades... al presidente de la Generalitat le deben de haber recordado alguna de esas máximas a lo largo de los últimos días con esa polémica por la decisión del IVF de aprobar una quita de la deuda de un grupo de comunicación con el que mantiene vinculación. Sorprendió la comparecencia pública del máximo responsable de esa entidad pública, y que dejó más interrogantes que respuestas en el aire. Uno no alcanza a entender la necesidad de llevar al Consell una medida que se podía haber resuelto en el propio consejo de administración, ni los motivos por los que su directo superior, el conseller de Hacienda, no frenó esa decisión. Mal está que el jefe del Consell se interesara por una operación en la que podía tener interés. Inexplicable resulta que uno de sus altos cargos lo haga público.