Cómo cambiar Andalucía sin morir en el intento

La Junta, la principal empresa empleadora de Andalucía, tiene 270.000 trabajadores fijos, a los que hay que sumar 24.000 que laboran en lo que se denomina la administración paralela, a los que hay que añadir otros 4.000 según los datos revelados por el Gobierno esta semana mientras ya preparaba el traspaso de poderes. Además, cuenta con 295 entes autonómicos de carácter oficial, algunos de los cuales ni se sabe bien a que se dedican ni tienen declarados a ningún empleado. Así que lo primero que tendrán que abordar los nuevos consejeros será la tarea de averiguar qué es lo que se traen entre manos antes de ponerse a la labor de bajar los impuestos, promover el empleo y mejorar la educación y la sanidad que reciben los andaluces, que son sus objetivos manifiestos.

Es evidente que para conseguir esos objetivos el nuevo Gobierno tiene que reducir el gasto desenfrenado en organismos paralelos y subvenciones sin apenas o ningún control que han sido el pan de cada día de los responsables del PSOE andaluz. Pero los nuevos deberán acometer esa tarea, además, sin formar mucho ruido. Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina y ni al PP ni a Ciudadanos les conviene, admiten sus líderes en privado, que los tradicionales votantes de la izquierda que se abstuvieron de acercarse a las urnas el pasado 2 de diciembre se movilicen en mayo indignados por unos recortes que los partidos de izquierdas van a vender como atentados contra el gasto social y las ayudas a la clase trabajadora.

Ya en vísperas de la sesión de Investidura la presidenta en funciones, Susana Díaz, ha dirigido una carta a todos los andaluces pidiéndoles que se movilicen «al máximo» en combatir a «la derecha que ha blanqueado al franquismo político», mientras los líderes de Izquierda Unida instaban a sus militantes a echarse a la calle con el mismo fin. Dos llamadas, por cierto, cien por cien antidemocráticas, formuladas para tratar de anular la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

Se espera, sin embargo, que de momento esas protestas no sean multitudinarias. Son tantos los colectivos de izquierdas -desde medios de comunicación a asociaciones ciudadanas- que necesitan las subvenciones de la Junta para sobrevivir, que mientras el nuevo Gobierno decide por donde recortarlas permanecerán en silencio. Otro ejemplo más del difícil trabajo que les aguarda.