Calles para todos

Para erradicar la violencia política que ha empezado a emerger hay que empezar por que la deslegitimen sin medias tintas aquellos que la han instigado

CARLOS FLORES JUBERÍAS

Desde aquellas viejas pintadas que en los años más broncos de la transición identificaban como «Zona Nacional» a determinados barrios de Madrid, hasta las que en estos últimos años y desde los más diversos rincones de Cataluña proclaman que «els carrers seran sempre nostres», la tentación de apropiarse en exclusiva del espacio público ha estado siempre presente en nuestras confrontaciones políticas. Ignoro -ya lo aclararán los sociólogos- si como pervivencia trasnochada de aquella ancestral mentalidad tribal que ligaba el poder al dominio del territorio, o como consecuencia de ese odio al diferente que resulta cada día más actual, y que lleva a algunos a desear que en su entorno vital mas próximo solo habiten seres que se vistan como ellos, que hablen en su mismo idioma, y que recen a su mismo Dios. Y ya puestos, que voten también a su mismo partido.

Solo que si las fanfarronadas son graves, las agresiones reales lo son mucho más. Los intentos de boicot -y hasta las agresiones consumadas- que han sufrido al menos tres de los partidos concurrentes a las elecciones del 26-M -en Rentería, en San Sebastián, en Barcelona, en Segovia...- comportan, de entrada, una intolerable vulneración de derechos ciudadanos tan básicos como son la libertad de expresión y la de reunión, y una no menos intolerable agresión a un valor constitucional fundamental como es el del pluralismo. Pero suponen al mismo tiempo una muestra particularmente viciosa de xenofobia, que solo pasará desapercibida para aquellos mermados que piensen que el odio al diferente solo resulta condenable cuando se proyecta sobre el que luce un diferente color de piel, y no sobre el que exhibe un diferente color político. Y dado que nos hallamos en plena campaña electoral -en el momento en el que los partidos deben difundir su mensaje entre la ciudadanía para captar su voto- un ataque igualmente frontal a la piedra angular sobre la que se sustenta nuestro sistema político que no es otra que la de que la soberanía nacional reside en el pueblo español, cuyo derecho a decidir queda lastrado desde el momento que no le es permitido escuchar en libertad todas las voces que aspiran a liderarle.

Todo ello obliga a concluir que la violencia política que ha empezado a emerger en esta campaña debe ser inmediatamente erradicada. Lo que, para empezar, exige que ésta sea rotundamente deslegitimada no tanto por quienes la han venido sufriendo como por quienes hasta la fecha se han mantenido al resguardo de la misma, y -muy especialmente- por quienes en los últimos meses con más empeño se han dedicado a abogar por la construcción de cinturones sanitarios y por la puesta en marcha de alertas de todo tipo. Y, ya puestos, que ello suceda de manera inmediata, sin medias tintas, y sin aquellos juegos de palabras a los que nos acostumbraron aquéllos que recogían las nueces mientras otros agitaban el árbol.