Bueno... entonces, ¿en qué hemos quedado?

Me gustaría haber defendido el derecho a decidir de los catalanes y, simultáneamente, considerar improcedente la declaración de independencia.

Me gustaría decir que se pegó a quienes querían votar y no ver que lo que se quería era violar la legalidad.

Me gustaría poder reconocer que Puigdemont está incumpliendo la legalidad y saltándose la Constitución y, al mismo tiempo, pedir que el Gobierno negocie con quien firmó un documento autoproclamándose como legítimo representante de la República independiente de Cataluña.

Me gustaría lamentar la ilegalidad que ha cometido Puigdemont e inmediatamente predicar la buena nueva de que esto se tendrá que resolver votando. Sobre todo me gustaría que cuando diga eso, nadie me pregunte, pero... ¿votar qué y por quiénes?

Me gustaría seguir viendo a los antisistema de la CUP haciéndoles el juego de los burgueses del PDeCAT, discrepando con ellos y firmando con ellos.

Me gustaría poder ser condescendiente para que el conflicto territorial pueda seguir alimentándose a base de mediadores que no sabemos por qué quieren mediar y para qué quieren mediar.

Me gustaría no darme por enterado de los objetivos de quienes quieren acabar con el sistema y de quienes quieren liquidar el régimen del 78, y así poder hacerles el juego de pedir reformas constitucionales como si fuera eso lo que ellos piden.

Lo de siempre. El postureo de güisqui de barra defendiendo el derecho a votar esperando que nunca llegue la independencia.

La declaración de Puigdemont no admite medias tintas. Aunque se haya agarrado a su ley de transitoriedad y «haya pedido a sus conciudadanos el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república», cosa que nadie es capaz de interpretar, y que declarara que «proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la independencia», lo que se contradice con la apelación anterior, porque si se suspende algo, es porque estaba aprobado con anterioridad, Puigdemont cree que engaña con este juego para eludir la acción de la Justicia si es llamado para responder de sus actos.

Y pidió que el parlamento suspendiera los efectos, pero cuando terminó de hablar la oposición, se levantó la sesión sin que el parlamento suspendiera nada, porque no hubo oportunidad de hacerlo.

Si no fuera dramático, estaríamos ante una comedia al estilo de lo que pasaba en mi facultad en los tiempos del franquismo cuando celebrábamos asambleas que duraban quince horas porque la policía esperaba fuera. Al final, siempre había algún estudiante que pedía la palabra y preguntaba: bueno, pero... entonces, ¿en qué hemos quedado?

El Gobierno de España no tiene otra salida que cumplir la ley y hacerla cumplir a quien la viole, que es lo que ha hecho Puigdemont y los diputados que firmaron el documento que les bautiza como legítimos representantes de la República Independiente de Cataluña. Los amigos del papanatismo argumentan que esa declaración no tiene ningún valor jurídico, agarrándose a lo legal, ellos que siempre han negado el uso de la ley en este conflicto para pedir la intervención de la política.

Durante este último año, el presidente de Cataluña exigía negociar con Rajoy sobre referéndum sí o sí. Ahora, pide negociar después de una declaración de independencia con el presidente del Gobierno de España sobre una declaración que él mismo propuso suspender. Entonces, ¿en qué hemos quedado? Ahora se puede comprender por qué la CUP prefirió a Puigdemont para presidir el Gobierno catalán.

De nuevo, como ocurrió en la II República, el Gobierno catalán vuelve a la carga del independentismo. Afortunadamente ni estamos en los tiempos de los años treinta del siglo pasado ni España es una dictadura. Pero la democracia tiene armas legales, legítimas y democráticas como para que se inocule una vacuna que inmunice definitivamente al independentismo catalán y a cualquier otro independentismo carpetovetónico para los próximos treinta años. Y una vez vacunados, podremos hablar sobre como convivimos juntos en las próximas cuatro décadas.

Aunque la república catalana haya durado diez segundos, el Gobierno tiene argumentos más que de sobra como para aplicar el artículo 155 de la Constitución, aunque solo fuera para anular políticamente a semejante esperpento. El 155, en este caso, no sería utilizado para suspender la autonomía catalana, sino, paradójicamente, para reestablecerla.