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De poco sirve a estas alturas lamentarse de los graves errores cometidos en el pasado con la construcción del Estado autonómico. Se venía de cuarenta años de dictadura tras la peor tragedia de nuestra historia, la guerra civil, se empezaba de cero una democracia parlamentaria y se ponía en marcha un modelo territorial descentralizado, y no había un plan predeterminado que indicara a dónde se quería llegar, se fue haciendo todo a golpe de improvisación, según las circunstancias, la presión de los militares, el terrorismo de ETA, las concesiones de los partidos de ámbito nacional a las formaciones nacionalistas para obtener sus votos y poder gobernar... Casi cuarenta años después, resulta inexplicable la renuncia del Estado a mantener algunas competencias o al menos a un cierto control sobre las mismas. El caso más evidente es el de la educación, aunque no es menos grave la seguridad ciudadana transferida a Cataluña y el País Vasco. Ahora, demasiado tarde ya, se pone el foco sobre la enseñanza en catalán o en castellano, tratando de corregir un desequilibrio que nunca se debería haber permitido, el de la inmersión lingüística, mientras se olvida que el verdadero campo de batalla está en los contenidos, en lo que estudian los escolares catalanes, valencianos, baleares, vascos y gallegos, pero también los andaluces, los extremeños y los del resto de comunidades que carecen de una lengua autóctona. Porque prácticamente en todas ellas se ha cometido el mismo error -error para el conjunto de España- de enseñar una historia, una literatura, un arte y a veces hasta una geografía sectorial, parcial, regional, local, carente de una visión de conjunto cuando no abiertamente victimista hacia un ente malvado («el Estado») al que interesadamente se asocia con «Madrid».

Qué más da que estudien en catalán o en castellano si les siguen enseñando que la guerra de sucesión fue un conflicto de España contra los territorios de la inexistente Corona «catalano-aragonesa» y que desde entonces Cataluña ha estado sojuzgada, oprimida, discriminada, maltratada. La batalla de la lengua está perdida en Cataluña y la sentencia del Constitucional contra la escolarización en castellano sufragada con fondos públicos viene a ratificar la imposibilidad práctica de desandar lo andado en cuatro décadas de nacionalismo. Pero donde sí se puede hacer algo es en las regiones en las que ahora se intenta un sucedáneo de inmersión, como Baleares. Resulta por ello descorazonador escuchar al líder del PSOE, Pedro Sánchez, avalar la política de Francina Armengol y escudarse en que al fin y al cabo no hace más que aplicar una ley y un Estatuto que gozaron del favor del PP. Porque aún siendo cierto no resuelve la intolerable discriminación hacia el castellano.

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