Barcelona y Alicante

Pablo Salazar
PABLO SALAZARValencia

Como el diablo cuando se aburre mata moscas con el rabo, regularmente surgen en España propuestas, a veces más bien ocurrencias, dirigidas a plantear una descentralización de las instituciones del Estado que a su vez serviría para apaciguar o reconducir el separatismo catalán y que sitúan en Barcelona -segunda ciudad más poblada de España- bien el Senado, bien algunos ministerios. La última sugerencia en este sentido ha partido de Societat Civil Catalana, entidad que como es conocido se ha opuesto con firmeza al proceso soberanista. «¿Por qué no situar en Barcelona el Ministerio de Economía o el Ministerio de Fomento? Se trata de reforzar la cohesión interna de España y de que, desde aquí, se lidere España en lugar de querer romperla», se preguntaba y se respondía recientemente Fernando Sánchez Costa, el nuevo presidente de una entidad que en 2018 recibió el premio Convivencia de la Fundación Broseta, en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat, presidido por Ximo Puig y boicoteado por los socios de gobierno del PSPV, claramente disconformes con que se reconociera la labor de Societat Civil en favor de la unidad de España, la legalidad vigente y la Constitución.

La propuesta parece tener mejor intención que recorrido. Las dificultades de descentralizar un Gobierno llevando la sede de algunos ministerios fuera de la capital del Estado no se le escapan a nadie. Y sin embargo, para lanzar su iniciativa tal vez se hayan fijado en lo que se está haciendo en la Comunitat Valenciana. Si en su momento ya se llevó a Alicante la oficina del Síndic de Greuges, ahora se ha hecho lo propio con la Conselleria de Innovación, Ciencia, Universidades y Sociedad Digital. A lo que habría que añadir la Agencia Valenciana de Innovación, la del exconseller García Reche, que hasta ha adquirido coche oficial para sus viajes de ida y vuelta a Valencia. Aunque no sé si el modelo puede ser exportable. Porque aunque el 'alicantinismo' y cierto sentimiento contra el centralismo de Valencia ha estado siempre presente a la hora de que los responsables políticos adoptaran estas decisiones, más parece que han sido tomadas pensando en las personas concretas que ocupan los cargos, el ya citado García Reche o Carolina Pascual en el caso de la conselleria. Porque, de hecho, lo que se lleva a Alicante es la sede institucional, no la operativa, que sigue en Valencia. Lo que sería casi tanto como decir que los ministerios que se trasladaran a Barcelona deberían estar comandados por un político catalán. Más fácil podría ser lo del Senado, donde Pedro Sánchez ya puso a un dirigente de Cataluña, Manuel Cruz. La idea, en definitiva, está cargada de buenas intenciones e intenta recuperar la presencia del Estado pero de ahí a que sirva para calmar al soberanismo...