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Imaginemos que nos da por ponerles a los coches matrículas que no son las oficiales, las que manda Tráfico. No digo ya que fueran numeraciones y letras distintas a las que correspondieran, que eso sería muchísimo más grave; ni siquiera que las escribiéramos con rotulador o a pincel sobre la plancha, como se podía ver antiguamente; no, sin ánimo de confundir a nadie, con la identificación correcta de los caracteres, bastaría para provocar acciones en nuestra contra con que fueran placas de las antiguas, no reflectantes, o que no lleven esos escudos nacionales que se ven de fondo, o la franjita azul de la orilla con la letra E. Nos multarían enseguida, ¿verdad? Pero, vamos, a las primeras de cambio. Y nunca pasaríamos la ITV. Incluso pensarían: ¿De dónde habrán salido estos, a estas alturas de la película? Bueno, en la ITV no te dejan pasar si una placa lleva un mínimo desajuste, o algún borrón por el inevitable golpeteo al aparcar.

¿Y qué les parece si nos diera por cambiar, alterar o desatender -adrede, ¿eh?, no sin querer- cualquiera de las innumerables leyes, reglas, reglamentos, decretos, ordenanzas y demás normativas que nos regulan a diario? Pues lo sabemos de sobra: esto no toca, aquello no está homologado, falta el proyecto, no hay certificación... Resultado: multa por aquí, sanción por allá.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ha impuesto que los correos diplomáticos de España luzcan un logo con los colores de la bandera republicana, como homenaje por el «80 aniversario del exilio español». Es decir, como si nosotros pusiéramos placas de matrícula que no tocan, o tapáramos balcones donde no corresponde. Porque esa combinación de colores corresponde a una bandera que no es la constitucional, o sea, que no está 'homologada', no es la que es. Y lo hace el Gobierno. A pie de calle cuesta de entender.

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