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Aplazar los presupuestos  del Gobierno para 2018  perjudica a la Comunitat

Aplazar los presupuestos del Gobierno para 2018 perjudica a la Comunitat

MANUEL MIÑÉS MUÑOZ DIRECTOR-GERENTE DE LA CÁMARA DE CONTRATISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - CCCV

Martes, 21 de noviembre 2017, 10:43

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El pasado 7 de julio el Consejo de Ministros, y días después el Congreso, cumpliendo con el Programa de Estabilidad del Consejo de la UE, aprobaron los objetivos de déficit público para el periodo 2018-2020, que referido a 2018 era un -2'2 % sobre nuestro PIB (Administración Central, -0'7 %; Seguridad Social, -1'1%; comunidades autónomas, -0'4 %; entidades locales 0'00%). Igualmente la administración central aprobó el límite de gasto no financiero del Estado en 119.834 millones de euros, lo que suponía un incremento de un 1'26% sobre 2017.

A pesar de su avanzado estado de elaboración, los presupuestos de 2018 están en vía muerta. Deberían haber sido aprobados -a más tardar- por el Consejo de Ministros el 13 de octubre para remitirlos al Congreso, y tras debate de los grupos parlamentarios ser aprobados no más tarde del 23 de diciembre.

Ante el desafío separatista catalán, su referéndum ilegal, el fallido proceso secesionista, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la suspensión cautelar de la autonomía catalana y la convocatoria de elecciones autonómicas, el Gobierno ha decidido posponer la presentación del proyecto de Presupuestos Generales hasta que la situación política lo permita. En la ya seguridad de no estar aprobados antes del 1 de enero, por la falta de respaldo del PNV, por la situación catalana, el ministro Montoro prorrogará automáticamente los PGE-2017, que seguirán en vigor hasta la aprobación de los nuevos.

Ya los actuales PGE-2017, que fueron aprobados en mayo tras un 'parto con fórceps' con la ayuda ventajista, fullera y 'consentida' de los vascos del PNV, solamente nos asignaron a la Comunidad Valenciana 589 millones de euros de inversión (6'85% del nacional)... ¡Que además no se van a cumplir!

Esta incapacidad del Gobierno -en minoría- para aprobar los presupuestos de 2018 nos llevará a incumplir por enésima vez los objetivos de déficit marcados por la Unión Europea y, en clave interna, el Ejecutivo a falta de los nuevos no podrá:

-Incrementar las transferencias a las comunidades autónomas por parte del Estado (recibirán idénticas a 2017).

-Los empleados públicos verán congelados sus sueldos, a pesar de que Hacienda negoció un alza del 1'5% para 2018.

-El gasto público, fijado para 2018 en el 41'20% del PIB, seguirá como en 2017, con el 40'6%.

-Si bien la 'mesa técnica', la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), tiene asumida considerar parte de la deuda histórica valenciana, y la simulación para atender los Servicios Públicos Fundamentales SPF (Sanidad, Educación y Dependencia) nos posibilitaría recibir 12.477 millone al año frente al actual 'statu quo' de 10.398, políticamente el gobierno requiere un consenso de mayorías (PP y PSOE) y un asentimiento del Gobierno legal de Cataluña.

Ya en clave valenciana, aparte del importante tema de una nueva financiación ya expuesta, nos centraremos en las inversiones prioritarias en infraestructuras, algunas ya licitadas en el BOE por el ministro de Fomento Íñigo de la Serna, del que hay que decir, acudiendo a la cita del Nobel Anatole France: «Nunca se ofrece tanto como cuando se dan esperanzas». Actualmente tiene licitadas obras ferroviarias (entre Silla-Pobla Llarga; Buñol-Utiel; comunicaciones, automatización y señalización del AVE Xàtiva-La Encina, estudio informativo del eje pasante de Valencia y nueva plataforma de alta velocidad Valencia-Castellón, etcétera) por 475 millones de euros; y obras viarias (finalización de V-21; N-338; aeropuerto de Alicante; obras de conservación de V-2; variante de Torrevieja, etcétera) por otros 90 millones.

Todas estas actuaciones, con anualidades para su inicio recogidas en los PGE-2018, quedan automáticamente retrasadas 'sine die'. Además, las obras anunciadas en concesión por disponibilidad (cinco mil millones para dos mil kilómetros de ampliación de autovías) y por cuya «cuota valenciana estamos denodadamente luchando»: el nuevo Plan de Cercanías por 800 millones tratado recientemente entre el presidente Ximo Puig e Íñigo de la Serna y la subvención para el transporte metropolitano. Todo ello queda aplazado

Nuevamente tropezamos con las exigencias del PNV... de más y más transferencias de INSS, puertos, aeropuertos y cárceles, etcétera. Ante ello, los valencianos somos libres -a título individual o corporativo- de ir tras una pancarta y adherirnos a una manifestación legítima cuyo lema reza: '¡Per un finançament i unes inversions justes!' Mas seamos serios y coherentes. ¿No se trata en el fondo de hacer una moción de censura a Rajoy o desbancar al Gobierno actual...? ¡Ya llegarán las próximas elecciones nacionales y libremente votaremos por una u otra opción política! ¿Tienen la seguridad Ciudadanos y PSPV de que sus correspondientes élites nacionales en el Congreso de los Diputados apoyarán la nueva financiación e inversiones solicitadas aquí en Valencia? Por los intereses de la Comunitat, por pragmatismo y eficacia, tanto C's en Valencia como PSPV -lo siento por Podemos y Compromis, que van a otra cosa- deberían ahora apoyar los PGE-2018 a cambio de consolidar nuestro futuro inversor inmediato y no arrastrar con sus erróneas decisiones la economía de generaciones futuras.

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