La Capilla Sixtina administrativa

Las obras maestras son siempre trabajos inacabados. Nada refleja mejor esta realidad que las escenas de la película 'El tormento y el éxtasis'. La reiterativa solicitud de Julio II de una fecha de finalización de la Capilla Sixtina recibe en toda ocasión de Miguel Ángel la lacónica respuesta «cuando termine». La tarea de reformar la Administración no es quizás una obra maestra, pero sí es una tarea sin fin. Es hora de decirle al ciudadano, de nuevo, que aún no hemos terminado de modernizar el andamiaje del sector público.

La transformación digital de la Administración ha sido uno de los pilares en los dos últimos procesos de reforma, coordinados por Jordi Sevilla y Soraya Sáez de Santamaría. Se han realizado grandes esfuerzos en la digitalización de la Administración General del Estado (AGE) en la última década: creación de una incipiente estructura de gobernanza encabezada por el primer Director de Tecnologías de la Información de la historia de la AGE (equivalente a Chief Information Officer , CIO); un impulso normativo que ha facilitado el uso y adopción de los servicios públicos electrónicos; y considerables (aunque nunca suficientes) inversiones en tecnologías de la información. Un modelo de éxito que, a pesar de su reconocimiento en el índice europeo de sociedad y economía digital de la Unión Europea, parece dar muestras de agotamiento evaluado respecto a otros parámetros, como muestra el descenso de España del puesto 12 al 17 en el índice 2016 de Administración Electrónica de Naciones Unidas.

Las tecnologías de la información han de ser esta vez el elemento central de la reforma administrativa. La transformación digital de los sectores productivos ha generado un proceso innovador en las organizaciones privadas, donde la tecnología es el motor del cambio para integrar la perspectiva del cliente y que se establezcan procesos que se ajusten a sus demandas. Los expertos estiman que desaparecerán cuatro de cada diez organizaciones que no sean capaces de reinventarse para afrontar el reto digital. La desaparición no es un riesgo para la Administración; sí lo es una pérdida progresiva de legitimidad ante una ciudadanía cada vez más informada y activa. El informe 2016 sobre la percepción de los servicios públicos realizado por la Agencia de Evaluación (AEVAL) realiza una llamada de aviso: cerca del 50% de los españoles no están satisfechos con su funcionamiento. La digitalización como respuesta a la demanda de mejores servicios públicos es la solución a la que apunta ese mismo informe: más del 70% de los usuarios de la Administración Electrónica están satisfechos con su funcionamiento.

Reforzar la estructura de gobernanza tecnológica es clave para profundizar en la transformación digital de la AGE. Es necesario, en este ámbito, que el próximo gobierno considere las recomendaciones de la OECD tras la revisión de la reforma Administrativa desarrolladas por el último gobierno. Deben reforzarse las competencias del CIO de la AGE en relación con las existentes en ministerios y agencias públicas, impulsando de esta forma el desarrollo de un política tecnológica común en la Administración. El fortalecimiento de la gobernanza tecnológica permitirá también afrontar una gestión óptima en el ámbito público de los dos principales activos de las organizaciones digitales además de sus recursos humanos: datos y confianza.

La Administración del siglo XXI ha de centrarse en el manejo del dato. La transversalidad del dato, su accesibilidad por cualquier ente público que lo requiera motivadamente, es clave para la simplificación administrativa, la transparencia pública y la creación de nuevos servicios. La 'propiedad' de los datos por parte de cada uno de los silos administrativos limitan, entre otras, la rendición de cuentas, la auditoría del funcionamiento de los servicios públicos y el análisis ex-ante y ex-post de la normativa. La creación de la figura del CIO de la AGE, responsable de su política tecnológica, ha sido un primer paso. Es el momento de seguir desarrollando el modelo de gobernanza tecnológica con su extensión a la responsabilidad sobre los datos. Se hace necesario simplificar la normativa para facilitar el intercambio interadministrativo de información así como para facilitar la creación de nuevos servicios basados en la visión integral del dato.

El otro gran activo estratégico de las organizaciones digitales es la confianza. Los poderes públicos son un objetivo codiciado de ciberataques, originados origen tanto en organizaciones privadas como desde otros estados. La Administración española ha dado pasos encaminados a garantizar la protección de los servicios públicos con el Esquema Nacional de Seguridad, pero un sector público cada vez más interconectado requiere una responsabilidad transversal. También lo demandan la buena implementación de nuevas regulaciones como el recién aprobado reglamento europeo de protección de datos personales. Cabe preguntarse, por qué no puede tener cabida en la estructura de gobernanza tecnológica las responsabilidades máximas sobre ciberseguridad en la Administración, independiente de los responsables de los servicios, tal y como sucede en otras organizaciones.

Miguel Ángel nunca quedó satisfecho con su trabajo en la Capilla Sixtina. Los trabajadores públicos tampoco podemos estar nunca satisfechos del funcionamiento de la organización con la que servimos al interés general, aún entendiendo las demandas de nuestro particular Julio II, los ciudadanos.