Sólo dos de cada diez investigaciones por ocupación ilegal acaban con condena

El PP propone penas de hasta tres años de cárcel para un delito con más de 1.500 denuncias al año en la Comunitat

Juan Antonio Marrahí
JUAN ANTONIO MARRAHÍValencia

Los populares quieren mano dura y más agilidad legal contra las ocupaciones ilegales. Hace poco más de una semana registraron en el Congreso una proposición de ley para endurecer el Código Penal. Piden castigos de hasta tres años de cárcel para el delito, en vez del máximo actual de dos, y acelerar los desalojos por parte de la autoridad pública para que los afectados no pasen más de 24 horas sin su legítima propiedad.

En la Comunitat sólo se conocen algunos casos puntuales y mediáticos, como la ocupación de la residencia universitaria Luis Vives o de viviendas sociales tomadas de manera ilegal en zonas del Centro o el Cabanyal. Pero la realidad de este delito, conocido en términos jurídicos como usurpación, deja unas cifras que manejan los fiscales de las tres provincias: durante 2017, el último año de sus estadísticas, el Ministerio Público inició 1.553 diligencias de investigación que acabaron con menos de un centenar de sentencias dictadas y, en ningún caso, de prisión, el castigo por el que abogan los populares. Al redondeo, sólo dos de cada diez investigaciones por ocupación ilegal acaba con un castigo consistente en multa.

A tenor de los datos de la Fiscalía, cada día se denuncia una 'conquista' a las bravas o de facto de un hogar, inmueble vacío o terreno ajeno por parte de personas sin derecho sobre la propiedad. En el análisis por regiones, los datos de la Fiscalía revelan que en Valencia, con más de un millar de casos al año, el problema es mucho más sangrante que en Alicante (370) o Castellón (160).

La fiscalía contabilizó menos de un centenar de condenas en 2017 y ninguna de prisión

El Ministerio del Interior también maneja información sobre el fenómeno concreto a la ocupación de inmuebles. Durante 2017 se contabilizaron 772 denuncias en la Comunitat frente a las 639 del año anterior, lo que revela que es un fenómeno en aumento. Al menos, en los hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad. Este diario también consultó por la cantidad de detenidos, pero en esta ocasión Interior no aportó datos al respecto.

A nivel territorial, la Comunitat es la cuarta región del país con mayor incidencia del delito. Con abrumadura diferencia, es Cataluña la capital de las ocupaciones ilegales, con más de 4.000 hechos conocidos por Interior durante 2017. En esta autonomía el movimiento 'okupa', el de tintes anticapitalistas o antisistema, tiene una histórica fuerza. Pero se suman también esas otras ocupaciones de casas por parte de colectivos desfavorecidos que se asientan en inmuebles ilegalmente por pura necesidad. Después de Cataluña, son Andalucía y Madrid las regiones más afectadas.

Los populares piden medidas para echar a los ocupantes ilegales en menos de 24 horas

El problema de las ocupaciones se produce a nivel privado, pero también hay un aluvión en viviendas sociales de titularidad pública que acaban invadidas fuera de toda legalidad. Por ejemplo, en un informe del Síndic de Greuges se cifra en 2.130 la cantidad de pisos de vivienda social bajo ocupación ilegal, tanto de competencia autonómica como municipal.

Si nos centramos sólo en las viviendas propiedad de la Generalitat, son más de 800 las casas en las que hay alguien que no debería estar. Y el problema se arrastra desde hace años, puesto que en 2015 ya había 613 pisos en esta condición repartidos por toda la región. Es un asunto enquistado a pesar de los intentos de los gobernantes por colocar vigilantes, negociar con los inquilinos clandestinos o, en último extremo, buscar una costosa salida a la ocupación por la vía judicial.

¿Qué dice la ley?

2 años.
Es el máximo tiempo de prisión previsto en el delito de ocupación ilegal (usurpación), recogido en el artículo 245 del Código Penal. El PP pretende que se eleve hasta los tres años de cárcel.
Delito de usurpación.
Es un tipo de delito contra el patrimonio y lo comete el que ocupa «una cosa mueble o usurpe un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena». Las consecuencias penales de esta acción varían si esa ocupación se realiza con violencia o sin ella.
Con violencia.
Es este el único supuesto de ocupación para el que el 245 prevé penas que oscilan entre uno y dos años de cárcel. La pena concreta la decide el juez «teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado» al propietario legítimo del inmueble en cuestión.
6 meses.
El 'okupa' ilegal que, sin violencia, toma un inmueble ajeno sin la debida autorización se enfrenta a una pena de multa de entre tres y seis meses. El PP quiere cárcel para todos los casos.
Los supuestos.
Este último es el delito leve de usurpación. Se da cuando no hay violencia en la ocupación, la casa está deshabitada, el 'okupa' no tiene título alguno que legitime su posesión y exista la voluntad manifiesta del propietario en contra de dicha estancia.

El cambio legal que quiere impulsar el PP eleva de uno a tres años las penas de cárcel en las ocupaciones con violencia o intimidación. La formación pretende penas de entre seis y 18 meses de prisión para el resto de casos. El castigo, entiende el PP, debe ser superior cuando la ocupación ilegal supere los 15 días.

Al mismo tiempo, se pretende regular la figura de las mafias de la ocupación ilegal con penas para grupos organizados. También para aquellas personas que, sin participar directamente de los hechos, promuevan el movimiento 'okupa' dando instrucciones o señalando inmuebles que habitar sin derechos.

 

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