El nuevo ataque a Religión y a la concertada indigna a familias, profesores y colegios

Una profesora se dirige a sus alumnas de Secundaria en un colegio valenciano. / damián torres
Una profesora se dirige a sus alumnas de Secundaria en un colegio valenciano. / damián torres

Las organizaciones critican que el Gobierno hablara de fomentar el consenso y anuncie medidas de espaldas al sector

JOAQUÍN BATISTA VALENCIA.

Las medidas anunciadas por la ministra Isabel Celaá, que quiere variar el estatus de la asignatura de Religión para que no cuente en la nota media además de eliminar el blindaje de la enseñanza concertada mediante modificaciones en la Lomce, ha provocado la indignación de los representantes de familias, docentes y patronales del sector. Además, se coincide en las formas: se habla de cambios sin diálogo previo con el sector. Es decir, se abre una grieta que amenaza con socavar los cimientos del ansiado pacto educativo.

«El anuncio no se centra en lo realmente importante, como el abandono escolar o la necesidad de impulsar una FP dual fuerte», explicó la secretaria autonómica de la patronal Escuelas Católicas en la Comunitat, Vicenta Rodríguez. Sobre la eliminación de la demanda social como criterio de planificación escolar -que refuerza el papel del concierto- consideró «preocupante» que se quiera «reducir» la educación concertada para «potenciar» la pública, recogiendo la idea que deslizó Celaá cuando señaló que había riesgo de que esta fuera subsidiaria de la primera. «Es ministra de todos, y debe buscar el diálogo y el encuentro, aunando esfuerzos», dijo.

Respecto a Religión, se preguntó si el ministerio cree «que no es una asignatura válida para formar buenos ciudadanos, comprometidos socialmente y con principios éticos», un objetivo que se quiere alcanzar con la nueva materia obligatoria anunciada: Valores Cívicos.

Concapa lamenta el «absoluto desprecio» al diálogo y Fcapa, la «trasnochada ideología»

A nivel estatal la patronal trasladó su «indignación y preocupación» tras recordar que la ministra, previamente, «ofreció diálogo y voluntad de alcanzar un pacto, y ahora defiende planteamientos que atacan la libertad de enseñanza y generan división y controversia», en referencia a la modificación «sin el mínimo consenso» de la ley actual.

En la misma línea se pronunció la otra patronal, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (Cece), que le recordó a Celaá la voluntad mostrada para «alcanzar consensos y no legislar contra la concertada». Además abogó por «la cultura del acuerdo» y por trabajar «sin excluir ni legislar contra nadie».

Alberto Villanueva, máximo responsable de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), también se mostró contrariado por el mensaje. «No le encontramos explicación. La educación concertada obtiene buenos resultados, es atractiva para las familias, sin las que no existiríamos, y ahorra recursos a la administración. Y juega con las mismas reglas que la pública, muchas veces con menos medios. Pese a ello no sólo subsistimos, sino que somos una opción preferencial. Y hacemos labor social, por lo menos al mismo nivel que el resto de centros», señaló.

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Desde la confederación de asociaciones de padres mayoritaria en la red, Concapa, se dijo ayer que la actitud de Celaá «demuestra el más absoluto desprecio a lo que puedan plantear organizaciones como la nuestra que defendemos el diálogo, la moderación, el respeto constitucional y la libre elección de modelo educativo». Se pronunció en estos términos tras recordar que previamente había pedido un encuentro para tratar y «consensuar» medidas de nueva implantación, y también defendió «la libertad ideológica» de cualquier familia. Julia Llopis, la presidenta autonómica, auguró poco recorrido a las medidas anunciadas por existir jurisprudencia y acuerdos internacionales que «sustentan la libertad de elección». «Si se puede optar por una enseñanza u otra, o una materia u otra, no veo por qué se plantean problemas», añadió.

En cuanto a la Federación Católica de Apas de Valencia (Fcapa), se dijo que la comparecencia incluía «grandes dosis de trasnochada ideología», especialmente en relación a la educación diferenciada, mientras que lamentó «el anticlericalismo decimonónico» respecto a Religión, cuyo tratamiento actual, recordó, cuenta con respaldo judicial.

Por su parte, el sindicato docente mayoritario, Fsie CV, defendió que la concertada «no es una escuela de segunda», sino «integradora y solidaria», y pidió que la administración «vele por la armonización de la oferta con demanda social y sin exclusión». En cuanto a USO, se preguntó «por qué se quiere devaluar Religión cuando es elegida democráticamente» y defendió que el concierto garantiza la libre elección «sin que el Estado imponga un modelo en detrimento de otro».

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