Los médicos extenderán las demandas a las gerencias de varios departamentos

Los frentes judiciales abiertos contra la Conselleria de Sanidad se incrementarán la próxima semana. El Sindicato Médico CESM-CV está ultimando la presentación de nuevas querellas por la falta de material sanitario para hacer frente a la pandemia de Covid-19, y en esta ocasión se centrará en los gerentes de distintos departamentos de salud. Cuestiones como la recogida de muestras de pacientes sospechosos sin los debidos equipos de protección; las supuestas «amenazas» que sufrieron algunos facultativos al comienzo de la epidemia para que no utilizaran mascarillas para «no crear alarma» entre la población; o la demora en el plan de relevos o en la suspensión de la agendas ordinarias en centros de salud u hospitales son algunos de los motivos que se analizarán en las nuevas demandas, como explicó ayer Guillermo Llago, responsable de los servicios jurídicos del Sindicato Médico CESM-CV.

Así, y tras la querella presentada contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y otros altos cargos por la falta de material sanitario «prácticamente en todos los departamentos, en todos los hospitales y en todos los centros de salud», lo que derivó, según interpreta, en «un altísimo nivel de contagios« entre el personal sanitario, ahora es el turno de aclarar las actuaciones de los responsables de algunos departamentos de salud. En opinión de Llago, en algunas áreas de salud »se han adoptado medidas por parte de los gerentes que han infringido derechos del personal sanitario«, por lo que »vamos a interponer esas querellas contra esos gerentes«. En principio, según concretó, las demandas se centrarán en los responsables de los departamentos de los hospitales generales de Alicante y Castellón, así como del hospital Clínico de Valencia.

«El tema común son las amenazas a los que llevaban mascarillas al principio de la pandemia o antes del estado de alarma, cuando les decían que no eran necesarias cuando ahora son obligatorias para todo el mundo«, señaló el especialista.

En el caso de Alicante, por ejemplo, describió que «los adjuntos en preventivo han estado recogiendo muestras de pacientes con Covid-19 sin protección». «Lo del Hospital General de Alicante es una locura. Es el que más contagios ha tenido en toda la Comunitat –once anestesistas se contagiaron al tener contacto con uno de ellos, ya infectado– o el que envió a cortar buzos para hacer batas. ¿Por qué no se adoptaron medidas? También tardó en llegar el plan de relevos«, describió Llago.

En estos momentos, los servicios jurídicos de CESM-CV están clasificando toda la información de la que disponen «y viendo las situaciones más sangrantes», como el retraso en la suspensión de las agendas ordinarias, tanto en centros de salud como en los hospitales. «Tenemos fotos en el de Sagunto donde que se estaban haciendo intervenciones en oftalmología de cataratas, con los mayores todos allí apiñados. Tanto cirugía como consulta programada tardó mucho en suspenderse», lamentó.

Por otra parte, Llago valoró que «ha habido una negligencia clara en la distribución –de pacientes– entre los hospitales privados y los públicos. Los primeros no han llegado al nivel de la pública en ocupación de UCI o de camas en planta. Pero si era la Administración la titular de todos los recursos, ¿por qué no se han utilizado adecuadamente?», se pregunta el especialista, para lamentar «la inversión en hospitales de campaña, que no han servido para nada, y que no se van a usar a no ser que venga una segunda oleada brutal«. Por tanto, criticó, »bloquearon a la privada diciendo que tenían que suspender todas las agendas y luego no han utilizado estos recursos«.

Por otra parte, desde la formación sindical también denunciaron que los planes de contingencia y reserva de sanitarios «tardaron mucho tiempo en ponerse en marcha«, lo que también contribuyó a incrementar el número de contagios entre las plantillas hasta alcanzar los 2.712 –de ellos, 840 médicos–.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, prefirió ayer no posicionarse en relación a estos frentes judiciales, pero indicó que «cada uno es responsable de dónde quiere exigir los derechos«.