Marugán pide no expulsar a inmigrantes sin papeles que denuncien un delito

La recomendación del Defensor del Pueblo llega tras iniciarse el proceso de repatriación de una hondureña víctima de una agresión en Xirivella

NURIA VALLADOLID

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado al Ministerio de Interior que garantice que las personas extranjeras en situación irregular puedan denunciar haber sido víctimas de un delito sin que, por ello, se vean expuestas a un proceso de expulsión de España.

La recomendación se produce después de que la asociación València Acull presentara una denuncia en nombre de una mujer hondureña indocumentada a la que la policía de Xirivella (Valencia) detuvo, y cuya expulsión tramitó, cuando acudió a denunciar una agresión.

Tras esta denuncia, Marugán abrió una investigación, y aconseja ahora al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dicte «las instrucciones precisas para asegurar que las personas extranjeras en situación irregular que son presuntas víctimas de un delito puedan formular su denuncia, sin que se les derive, por esta causa, a la incoación de un procedimiento sancionador que conlleve su expulsión del territorio nacional».

El Defensor ya alertó hace 15 años de los casos de mujeres que no denuncian por miedo a ser expulsadas

La mujer hondureña no pudo denunciar en el juzgado de guardia la agresión que sufrió, a manos del casero de un amigo, hasta días después, debido a que no pudo formalizarla en la comisaría de Xirivella porque los polícias iniciaron el procedimiento de expulsión, que está ahora pendiente de la resolución que adopte la Delegación del Gobierno. Actualmente, la agresión está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº2 de Mislata.

València Acull ha señalado que la recomendación desautoriza al delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, que justificó la actuación de los policías argumentando que «así lo marca la ley», Asimismo, ha pedido al ministro de Interior que no se repita una situación semejante.

Por otra parte, la asociación le ha planteado al Defensor la posibilidad de que «amplie su recomendación para que no se incoen procedimientos de expulsión a quienes acudan a realizar cualquier tipo de trámite ante la Policía o Guardia Civil o a interponer una denuncia independientemente de su tipificación».

Ya en 2004, el Defensor aconsejó de forma similar a la Dirección General de Policía, dado que conocía casos de mujeres migrantes irregulares que sufrían violencia por parte de sus parejas y que no denunciaban por miedo a ser expulsadas.

La policía recalcó la necesidad de un cambio jurídico para ello, por lo que el Defensor solicitó a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la de Inmigración y Emigración que estudiara la cuestión. Décadas después, la situación sigue igual.