Las licitaciones de obra pública se desploman en la Comunitat

El tramo de la V-21 en el que Fomento ejecuta las obras del tercer carril. / jesús signes
El tramo de la V-21 en el que Fomento ejecuta las obras del tercer carril. / jesús signes

Las inversiones del Gobierno caen un 77% en los tres primeros meses del año mientras que en el resto de España aumentan un 119%

Isabel Domingo
ISABEL DOMINGOValencia

Balance negativo para la Comunitat Valenciana. Es el resultado que arroja el informe elaborado por la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana (CCCV) sobre la evolución de la licitación pública en el primer trimestre de 2019, un periodo marcado por la negociación -y posterior rechazo- de los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio y la convocatoria anticipada de elecciones generales y autonómicos.

Un contexto que no benefició a las tres provincias valencianas en materia de contratación pública pues, según el citado informe, las inversiones del Gobierno se desplomaron, reduciéndose hasta un 77,05% en los tres primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2018. Así, la Comunitat sólo recibió 21,78 millones del Estado frente a los 94,94 millones licitados el año pasado.

EN DETALLE

77,47%
cayó la inversión de Fomento en el primer trimestre de 2019 respecto al mismo periodo de 2018.
57,5%
se redujeron las licitaciones de la Generalitat hasta marzo de este año en comparación con 2018.

Esta fotografía refleja, según el informe de los contratistas, que la participación valenciana en la licitación nacional pasó de representar el 11,17% en el primer trimestre de 2018 «al sonrojante» 1,18% del mismo periodo de este año. «Una vez más, a nivel autonómico las cifras son diametralmente opuestas a las del conjunto de España. Es más, son negativas», lamentó ayer el director-gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñés.

En el conjunto de las tres administraciones (estatal, autonómica y municipal -donde entran ayuntamientos y diputaciones-), la caída de las licitaciones no fue tan acusada al bajar un 15% por las inversiones impulsadas por las entidades locales, que pasaron de gastar 77 millones en el primer trimestre de 2018 a los 183 de este ejercicio. De hecho, esa cifra es la octava parte de lo destinado por el Estado (21 millones).

En este sentido, las inversiones del Gobierno se repartieron entre el Ministerio de Fomento, que fue quien mayor aportó a la Comunitat (18,46 millones), seguido de los departamentos de Transición Ecológica y Hacienda (1,42 y 1,34 millones, respectivamente), así como Interior, Defensa, Cultura y Política Territorial con cantidades que oscilan entre los 258.000 y los 2.000 euros.

Las contrataciones de Fomento en la Comunitat ascendieron a 18 millones, el 1,10% del total nacional

«El presidente de la Generalitat, hoy en funciones pero seguro al frente en el nuevo Consell, tendría que recordarle al presidente Sánchez y al ministro Ábalos las declaraciones de éste en julio de 2018 en el Palau: 'No daré ningún trato de favor a la Comunitat sino que trataré desde el ministerio y mi cargo orgánico en el PSOE de lograr un trato de justicia'», recordó Miñés. «Sin embargo, somos los grandes olvidados», dice.

Y pone como ejemplo que los 18 millones de Fomento en el primer trimestre de este año (fueron 82 en 2018) apenas representen el 1,10% del total nacional. Eso a pesar del acelerón de las licitaciones en el departamento de José Luis Ábalos, ya que las incrementó un 143% respecto al mismo periodo del año pasado.

Ese 1,1% sube hasta el 1,7% en el caso del área de carreteras, donde de los 8,15 millones licitados, 7,91 corresponden al contrato de conservación de la circunvalación de Alicante (A-7), una de las autopistas rescatadas por el ministerio.

Las infraestructuras de medio ambiente tienen un déficit de 160 euros por habitante

La Comunitat Valenciana, con 32 euros por habitante, fue la octava región con menor ratio de contratación pública anual media en el periodo 2015-2018, según el informe 'Análisis de la inversión en infraestructuras prioritarias en España', elaborado por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), junto a la ingeniería Sener.

En total, la contratación pública anual media de la Comunitat entre 2015 y 2018 -excluida la procedente del Estado y de las administraciones locales- se cifró en un total de 156.744.661 euros, según detalla dicho informe. En términos absolutos, se situó en dicho periodo de tiempo como la quinta comunidad autónoma con más contratación pública anual, por detrás de Madrid (primera, con 333.243.016 euros); Cataluña, que fue la segunda con un mayor montante, un total de 222.617.188 euros; Andalucía (tercera con 196.657.350 euros) y País Vasco (cuarta con 183.766.897).

Estos 32 euros son resultado de dividir los 156.744.661 euros de contratación pública anual media de la Comunitat entre una población de 4.948.411 personas. La cifra es inferior a la media de las comunidades, que es de 37 euros por habitante. Esa contratación representa el 0,15% del PIB regional, de acuerdo al mismo estudio, cifra inferior a la media de las comunidades (0,16%).

Según el informe de Seopan, a ese ritmo de contratación, la Comunitat tardaría 32 años en realizar las inversiones prioritarias detectadas en el informe, que se cifran en un total de 7.093 millones de euros para 101 actuaciones (siete en carreteras, 23 en ferrocarriles, 67 en agua y cuatro en tratamiento de residuos).

En este estudio se estima un déficit inversor de 160 euros por habitante en la Comunitat en infraestructuras de medio ambiente (tratamiento de valoración y residuo) y de 38 euros por persona en lo relativo al ciclo integral del agua.

La Generalitat, a la mitad

La situación de la inversión pública estatal en la Comunitat se repite en el caso de la Generalitat, que redujo las contrataciones de obra pública un 57,5% hasta el pasado marzo en comparación con el mismo periodo de 2018, es decir, de 138,49 millones a 58,83.

Para los contratistas es «significativo y alarmante» el retroceso de la licitación de la Conselleria de Agricultura, apenas 1,8 millones, un 92% menos. «Eso a pesar de que el territorio está en permanente estrés hídrico y las obras del post-trasvase Júcar-Vinalopó son apenas cometer», criticó Miñés.