Per l'Horta critica que el Plan General de Alboraya destruya más huerta que la V-21

El colectivo asegura que la propuesta del PSPV prevé la construcción de 2.850 viviendas aunque en el municipio hay otras 2.000 vacías

I. DOMINGO

valencia. El colectivo Per l'Horta denunció ayer que el Plan General Estructural que tramita Alboraya destruirá más superficie de huerta que el tercer carril de la V-21, en concreto, unos 264.000 metros cuadrados, cuatro veces más que el proyecto del Ministerio de Fomento.

Per l'Horta, que ha reiterado en numerosas ocasiones su oposición al tercer carril de la V-21 (como también hizo el Ayuntamiento de Alboraya), criticó que el Consistorio que gestiona el PSPV pretenda recuperar «la política especulativa en la huerta, recuperando el proyecto que el PP no pudo aprobar en 2011: reclasificar huerta para solucionar la deuda municipal y mejorar la capacidad económica».

En este sentido, recordó que el nuevo Plan General -está en información pública hasta el día 30 al haberse ampliado el plazo- salió a la fase de exposición únicamente con el apoyo del PSPV y PP y con el rechazo de Ciudadanos, Compromís y Esquerra Unida.

El gobierno municipal que encabeza Miguel Chavarría justifica el documento en la necesidad de más servicios públicos para el municipio, como un nuevo instituto o parques públicos, o en las mejoras de las comunicaciones entre el núcleo urbano y el litoral.

Sin embargo, desde Per l'Horta señalaron que el Plan General Estructural incluye la previsión de construcción de 2.850 viviendas para unos 7.130 habittantes, «lo que representaría un incremento de la población en un 30%», cifra que la entidad califica de «desorbitada» por varios motivos: la pérdida de población, el descenso de natalidad y la existencia de 2.000 pisos nuevos vacíos en la localidad.

Asimismo, la plataforma alertó de la urbanización de 124.000 metros cuadrados en la Patacona y de otros 108.000 metros cuadrados en Port Saplaya, en concreto, en el parking de una gran superficie, donde la empresa municipal de suelo, Egusa, ha reactivado el sector urbanístico para saldar una deuda de unos 26 millones con la inmobiliaria que impulsó el proyecto paralizado posteriormente por la crisis.

El colectivo, que cuenta con el respaldo de asociaciones vecinales y partidos políticos de la oposición, reclamó al Ayuntamiento la retirada del proyecto, la aprobación de un plan de participación pública «transparente» y una modificación del actual PGOU para dotar al municipio de «los servicios imprescindibles».