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Sábado, 13 de octubre 2018, 00:47
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Los excesivos trámites burocráticos, la lentitud de las Administraciones públicas y la rigidez de las normativas urbanísticas suponían, ya en 1993, un sobrecoste en los precios del suelo para construir, traduciéndose en fuertes encarecimientos de las viviendas.
Es un problema que no ha ido a menos, desde luego. La Asociación Nacional de Promotores Constructores de edificios estimó que el capital invertido inicialmente en la compra de suelo se encarecía una media del 91% hasta el momento de empezar a construir sobre el mismo, según informó LAS PROVINCIAS el 13 de octubre de aquel año. La culpa se repartía -y se reparte- entre los costes de los innumerables trámites necesarios y los varios años de inmovilización hasta poder resolverlos satisfactoriamente.
Los promotores calcularon que el coste del suelo representaba el 40% del precio de un piso y su denuncia coincidió con unas declaraciones del ministro Carlos Solchaga que abogó por una simplificación de las normativas para aminorar plazos y costes, lo que nunca llegó en la práctica.
Quizás todo el galimatías de normas urbanísticas tenga algo que ver con otra situación relacionada que señaló el mismo periódico: la Comunitat Valenciana estaba plagada de pseudourbanizaciones con más de 300.000 casas irregulares y sin servicios básicos.
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