Ladrones con métodos propios del terrorismo

«¿El cajero? No quedaba cajero. Estaba partido en trozos». Ramón Pérez fue una de las primeras personas en entrar en la aniquilada sucursal de Caixa Popular en Domeño. Lo hizo minutos después de la brutal explosión en la calle Las Peñas que truncó el sueño de los vecinos, el pasado 21 de diciembre. Es el jefe de parque de l'Eliana del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y miembro de la Unidad de Rescate en Emergencias y Catástrofes (UREC).

Así describe la destrucción que se encontró a su paso: «El inmueble tendría unos 200 metros cuadrados. Se habían desprendido partes del techo, habían desaparecido cerramientos interiores. Me encontré con láminas de cristal voladas, el suelo repleto de escombros... El cajero, a trozos, y no había fuego ni humo».

Tal era el daño, que ni siquiera era seguro adentrarse sin asegurar la estructura. «La Guardia Civil nos dijo que no se podía alterar el escenario. Tuvimos que colocar cuatro puntales para el trabajo de los TEDAX, porque aquello había quedado muy inestable».

Los agentes de la Benemérita no se topaban con semejante destrucción intencionada desde tiempos del terrorismo. Así actúa la banda de ladrones que desde octubre ha fijado su objetivo en los pueblos más solitarios de la provincia en busca del dinero que almacenan los cajeros automáticos de pueblos pequeños del interior. Suman ya tres: Gavarda, Camporrobles y Domeño. En todos los robos han utilizado la misma estrategia: el uso de un explosivo que la Guardia Civil no revela al estar el caso en investigación (aunque descartan que sea pentrita, una sustancia utilizada habitualmente en minería), un horario que oscila entre la 1 y las 4 de la madrugada, garantizándose así la ausencia de testigos que puedan aportar datos concretos sobre su aspecto o vehículo. Juegan con una ventaja: buscan municipios sin policía local. Los tiempos de llegada de las Fuerzas de Seguridad ante cualquier emergencia en pueblos pequeño son muy inferiores a los de las ciudades y eso da muchos minutos de ventaja. La banda sigue la estela de otro peligroso grupo delictivo que alcanzó notoriedad desde 2005 con casi 200 robos en cajeros automáticos de pueblos de la región y Murcia. Empleaban excavadoras o camiones grúa para arrancar los cajeros, cargarlos y despedazarlos. Además, cortaban accesos a los pueblos con troncos o pedruscos para obstaculizar la llegada de policías o guardias.

Ahora la Guardia Civil centra su esfuerzo en varios frentes. Por un lado, la búsqueda de grabaciones de vídeo en cámaras de seguridad de los pueblos o de sus accesos, con especial atención a las horas o días previos al asalto. Estos delincuentes no actúan al azar. La experiencia policial marca que realizan un análisis de sus objetivos visitando las zonas para calcular sus posibilidades, calibrar el material necesario o simplemente estudiar vías de escape. Otra de las líneas de investigación pasa, necesariamente, por el seguimiento del material explosivo utilizado y sus puntos de producción y distribución, en busca de cualquier anomalía que aporte pistas.

En el caso de ser capturados, la banda de los explosivos podría ser acusada de delito de estragos. El Código Penal prevé penas hasta ocho años de prisión para aquellos que «provocando explosiones o utilizando medios de similar potencia causen la destrucción de locales públicos» sin peligro para la vida o integridad de las personas. También se les podría aplicar el delito de robo con fuerza. El artículo 241 reserva penas de dos a cinco años para el robo en un establecimiento público o en cualquiera de sus dependencias fuera de las horas de apertura. Esa condena se puede elevar hasta seis años en casos de «especial gravedad o perjuicios».