Justicia prohíbe la venta de servicios funerarios en el juzgado de guardia

Las empresas funerarias acuden a diario al juzgado de guardia para tramitar toda la documentación sobre las defunciones de sus clientes, por lo que resulta muy habitual la presencia de empleados de estas compañías en la Ciudad de la Justicia de Valencia, así como también en la sala del forense, para obtener los documentos necesarios por un entierro. Lo que no es normal es que aprovechen la ocasión para sacar tajada vendiendo sus productos dentro del propio juzgado.

Hace unos días una familia estaba cumplimentando los datos de su pariente recién fallecido en una de las ventanillas del juzgado de guardia, cuando un trabajador de una empresa funeraria, que esperaba para ser atendido por el forense, se les acercó con el pretexto de prestarles ayuda. Se trata de un momento emocionalmente muy complicado para cualquier familia, y más si ni tenían contratado un seguro ni están habituados a realizar este tipo de trámites.

El comercial les hizo una oferta para venderles productos y servicios funerarios, tales como el precio del ataúd, los gastos que conllevaría el sepelio, el tanatorio, etc, pero de inmediato un policía local que estaba en el juzgado le llamó la atención, al darse cuenta de la inusual situación que estaba aconteciendo. Le informó de que no podía proceder de esa forma en las dependencias judiciales y le instó a abandonar el recinto, aunque una vez en la calle podía ofrecerles lo que considerase.

A partir de esa situación, el policía dio parte a sus superiores de lo ocurrido y poco después la dirección del juzgado decidió colocar una advertencia en una de las paredes. Hasta entonces actos como este sólo eran reprobables éticamente, pero con el aviso específico expuesto públicamente, si algún otro empleado de una funeraria realiza una oferta o negociación similar, podrá ser expedientado por la policía y recibir una sanción económica.

Las empresas funerarias se hacen cargo de la tramitación de todo lo referente a la muerte y entierro de una persona que estuviera asegurada y pagase sus cuotas mensuales, pero quien no estuviera asegurado en ninguna compañía, sus familiares deben asumir tanto los costes económicos como los asuntos burocráticos, en un proceso que nunca es de buen gusto y que acaba saliendo por más de tres mil euros. Por eso estas empresas lanzan ofertas comerciales para captar clientes a los que hacerles más fácil ese momento, pero sin traspasar el límite de llevarlo a cabo en el propio juzgado de guardia, como realizó sin rubor este trabajador funerario, que ha motivado la reacción de la Ciudad de la Justicia.