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Urgente Cuatro muertos, dos en Tarragona y dos en Asturias, por el temporal
Zona de las cámaras mortuorias del Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia. txema rodríguez
Justicia alerta del riesgo radiactivo por cadáveres con implantes radiológicos

Justicia alerta del riesgo radiactivo por cadáveres con implantes radiológicos

Un informe denuncia el peligro en el Instituto de Medicina Legal y la ausencia de un protocolo de Sanidad al respecto

DAVID BURGUERA | J. A. MARRAHÍ

Miércoles, 11 de diciembre 2019, 14:37

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Un informe de la Conselleria de Justicia fechado en el mes de octubre y centrado en los institutos de medicina legal de la Comunitat constata «la existencia de riesgos de contaminación radioactiva en cadáveres sometidos a tratamientos previos de braquioterapia». Se trata, a grandes rasgos, de un sistema para combatir el cáncer consistente en colocar una fuente de material radioactivo en el interior del paciente para matar las células malignas y aminorar tumores.

El problema venía ya plasmado en un informe anterior del 22 de diciembre de 2017, esta vez realizado por la Conselleria de Transparencia, a raíz de unas denuncias de índole laboral referidas al Instituto de Medicina Legal de Valencia (IML). Ya entonces se alertaba: «La investigación realizada ha puesto de manifiesto, adicionalmente, aparentes insuficiencias en el necesario control sanitario de la incineración de cadáveres que presentan riesgos de contaminación radioactiva».

Y, para paliar las citadas deficiencias, la propia Genearlitat lanzó esta recomendación hace dos años: «Solicitar de la Conselleria de Sanidad, como medida preventiva, que elabore y difunda un protocolo o, si lo tiene, proceda a su revisión en aras de garantizar el que a este tipo de cadáveres se les da el tratamiento sanitario que corresponda y asegurar así que ningún cuerpo contaminado con elementos radioactivos pueda ser incinerado».

Sin embargo, parece que eso no ha sucedido. Como consta en el informe más reciente de octubre «se ha desatendido la recomendación formulada en su momento». Y en el citado análisis auntonómico se insiste de manera clara: «Reiteramos la recomendación recogida en el informe inicial elaborado en su momento». Es decir, se urge a Sanidad un protocolo.

Consultada esta conselleria, no aclara si el protocolo que se le exige existe o se piensa a elaborar. Únicamente menciona que los pacientes «tratados con implantes permanentes no representan riesgo de radiación para el público» y añade algunos párrafos técnicos sobre lo que se recomienda con este tipo de cuerpos, pero sin entrar a valorar si se cumplen los requisitos o no.

Tampoco responde a las críticas de Justicia respecto al riesgo de contaminación o la urgencia del protocolo. Se limita a exponer párrafos del reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. Destacan que los cadáveres «pueden ser incinerados salvo aquellos que puedan presentar contaminación por productos radioactivos» y «si contuviese elementos termo-activos los familiares tienen la obligación de declarar su existencia y procederse a su extracción».

Poco espacio y la excesiva judicialización de muertes, más problemas detectados

Falta de espacio en las instalaciones de los institutos de medicina legal y un excesivo número de muertes naturales que acaban judicializadas. Estos son otros dos problemas en los que pone el foco la Inspección General de Servicios (IGS) de Justicia.

«Actualmente ninguno de los institutos de medicina legal y ciencias forenses de la Comunitat dispone de espacio suficiente en sus instalaciones propias para realizar sus funciones», admite de manera contundente el departamento autonómico. Y añade que las fórmulas utilizadas para cubrir estas necesidades de espacio «son diferentes en cada uno de los institutos de las tres provincias».

El análisis de estas instalaciones hace emerger, además, otra irregularidad administrativa: «Por lo que respecta a la utilización de los depósitos de Alicante y Castellón, en ambos casos los títulos jurídicos que sustentan su uso son, por diversas casas, insuficientes, obsoletos o deficientes». Tal cual.

En este caso, la recomendación es para la Dirección General de Justicia. Insta a que evalúe «la manera idónea de cubrir las necesidades de espacio para el funcionamiento de los institutos de medicina legal, garantizando que existe transparencia en los costes que puedan generarse a los particulares por el funcionamiento del servicio público».

Y el último 'suspenso' del informe, en esta ocasión repartido a partes iguales entre Justicia y Sanidad, es el excesivo número de muertes naturales que se judicializan. Suelen ser casos en los que, por una u otra razón, no hay un médico que certifique dicha muerte como derivada de una enfermedad o proceso natural. Entonces acaba judicializada pese a no existir unos indicios de muerte violenta. Es decir, bajo un proceso de autopsia e investigación forense.

Y ello, según la inspección de Justicia, «genera un mayor coste para todas las administraciones públicas por el uso de recursos policiales, judiciales y forenses, y también para las familias del fallecido».

¿Qué es lo que falta aquí? De nuevo, «un protocolo conjunto o acuerdo de colaboración entre Justicia y Sanidad como el que ya existe en otras autonomías». Serviría, ahondan, «para coordinar sus actuaciones frente a casos de defunción, estableciendo vías de comunicación y asesoramiento médico legal a los facultativos sanitarios» para los certificados de defunción.

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