El varapalo del Jurídic frena la idea del Consell de asumir personal a extinguir

Vista del Hospital Universitario La Ribera./Francisco García
Vista del Hospital Universitario La Ribera. / Francisco García

Oltra opta por incorporar a la plantilla pero con una oposición posterior, mientras Bravo se decanta por crear una empresa pública como con los bomberos

Daniel Guindo
DANIEL GUINDOValencia

El varapalo del Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha obligado al Ejecutivo valenciano a cambiar de planes. El dictamen a la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2019 cuestiona la intención del Gobierno autonómico de incorporar a los trabajadores de las concesiones rescatadas como personal a extinguir, tal y como se hizo en el caso de la reversión del Hospital de Alzira. El problema a ojos del CJC es que con esta figura los trabajadores que se incorporan a la Generalitat adquieren algunas características del funcionariado (como gozar de la plaza hasta la jubilación) sin haber aprobado una oposición. El Jurídic considera que de esta forma se pueden vulnerar los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que rigen el acceso a la función pública.

Ante ello, la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, se mostró ayer partidaria de buscar soluciones alternativas. Para ella, una opción puede ser adoptar un sistema similar al utilizado por su conselleria en la reversión del centro de salud mental de Albocàsser y que no fue cuestionado por el CJC, al contrario que el sistema diseñado por Sanidad. Su personal fue subrogado por la Generalitat, pero se pactó con los trabajadores sacar sus plazas a oposición. Ellos podrían presentarse con algunas ventajas, como tener en cuenta los años trabajados.

Oltra consideró que es una solución que se puede tener en cuenta a la hora de encontrar una fórmula global tras el varapalo a la pretensión del Consell Jurídic. En cualquier caso, puntualizó que el Ejecutivo está tratando de encontrar un equilibrio que garantice los derechos de los trabajadores de las concesiones y los principios de igualdad, mérito y capacidad. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que ayer se reunió con los sindicatos en la Mesa General de Negociación, se mostró partidaria de aceptar el dictamen del CJC, que es preceptivo, pero no vinculante. Bravo, a diferencia de la fórmula elegida por Oltra, apostó por la creación de una empresa pública para asumir a los trabajadores de las concesiones como forma de salvaguardar sus derechos y los principios de igualdad, mérito y capacidad. La constitución de esta mercantil ha sido el sistema elegido por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias para incorporar a los bomberos forestales. Es también la solución aconsejada por el Consell Jurídic para asumir a los trabajadores de las concesiones y que ya propuso en marzo pasado en el dictamen que emitió sobre la reversión del Hospital de Alzira.

Bravo también aseguró a los sindicatos que no es incompatible garantizar el derecho de los trabajadores de las concesiones rescatadas y evitar que haya una vía alternativa, una especie de puerta de atrás, para ser personal de la Generalitat.

Esta es, precisamente, una de las advertencias que se incluye en el dictamen del Jurídic. El CJC considera que la figura del personal sin extinguir puede constituir «una vía alternativa de selección de personal de la Generalitat (...) prescindiendo no solo de los procesos selectivos, sino de los principios básicos constitucionales de igualdad y publicidad en el acceso al empleo en el marco de las administraciones públicas».

Fuentes de la Generalitat aseguraron que el pleno del Consell del miércoles se aprobará la ley de acompañamiento y que se han dado esa fecha de plazo para encontrar una solución acorde con el informe emitido por el CJC.

Los sindicatos fuerzan al Ejecutivo a debatir la polémica

Los sindicatos forzaron ayer a la Generalitat a abordar la polémica del personal a extinguir. Fue en la Mesa General de Negociación que se celebró en la mañana de ayer. El orden del día, cerrado por la Conselleria de Justicia, obvió la petición sindical de incluir este punto, ya que lo previsto era abordar únicamente los presupuestos de 2019.Pero los sindicatos aprovecharon el turno de ruegos y preguntas para interpelar al Consell sobre la creación de esta polémica figura. Desde UGT, Luis Lozano, indicó que quedaron satisfechos con las explicaciones de por la consellera en las que se mostró partidaria de asumir las conclusiones del CJC y rechazó que los trabajadores de las concesiones fueran empleados públicos. Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de CCOO-PV, Soledad Fernández, reiteró la posición de su sindicato y señaló que el problema ha sido creado por el Gobierno central al impulsar la figura del personal a extinguir en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2017. Para la formación es el Ejecutivo nacional quien tiene que encontrar una solución cambiando si es necesario la legislación básica estatal.La vicepresidenta de CSIF, Alicia Torres, recordó que para su formación la figura del personal a extinguir no es la fórmula adecuada para asumir al personal de las concesiones rescatadas y reiteró la petición ya realizada por su sindicato, y no atendida, de crear una comisión para hacer un seguimiento a esta problemática. Señaló que hay que estar vigilantes para impedir que la figura se pueda convertir en una puerta trasera para acceder a la función pública.

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