El Jurídic avala asumir al personal de Eresa y da luz verde a la reversión

En concreto, el estudio remitido el martes al departamento establece que, en el caso de acordarse la reversión del servicio de resonancias magnéticas, existirá una sucesión de empresas por lo que el departamento deberá subrogar al personal afectado por este cambio en la gestión. De esta forma, la conselleria despeja la incógnita de cómo acometer la internalización del servicio, tal y como había previsto para el pasado noviembre, pero ha tenido que alargar en el tiempo ante las dudas de cómo llevar a cabo el proceso. Aún así, el CJC destaca que las figuras laborales planteadas para absorber a la plantilla generan «controversia jurídica», tanto el 'indefinido no fijo' como el 'personal a extinguir'. El primero exige que la subrogación la impongan los tribunales pero no es aplicable a las sociedades mercantiles de capital público, mientras que el segundo no está previsto en la legislación estatal aunque «está avalada por la previsión normativa» de la conselleria.

«El personal subrogado, salvo pacto en contrario, seguirá sujeto al contrato laboral y al convenio colectivo vigente, y durante su misma vigencia y condiciones (estabilidad laboral, condiciones laborales, retribuciones, etc.), al que estaba sujeto al tiempo de acordarse la subrogación legal», recoge el informe en sus conclusiones finales.

Asimismo, advierte a Sanidad que el procedimiento «debe incorporar al expediente de reversión los informes técnicos en los que, con base en datos, criterios y parámetros objetivos, se justifique la necesidad y conveniencia de la citada reversión y su gestión directa por parte de la Administración Pública, no sólo desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista presupuestario y de estabilidad económica».

También apunta que el acuerdo que, en su caso, adopte el Consell a la hora de subrogar al personal, aunque adopte la forma de decreto «no constituye una disposición de carácter general, sino un acto no normativo sujeto a derecho laboral y cuyo enjuiciamiento corresponde al orden jurisdiccional social». Esta observación, agrega el CJC, «se efectúa con la finalidad de que no se siga, para llevar a cabo la subrogación del personal procedente de la anterior contratista, el procedimiento establecido para las disposiciones administrativas de carácter general».

Con este informe, por tanto, la conselleria ya cuenta con una herramienta para poder desbloquear la situación, puesto que el contrato con Erescanner Salud expiró el pasado mes de noviembre, y Sanidad pidió a la concesionaria que prolongara el servicio, al menos, tres meses más, aunque el abono de los trabajos se debía realizar mediante el sistema del enriquecimiento injusto. Dados los reparos que la Abogacía de la Generalitat puso a la figura del personal laboral a extinguir -empleada, precisamente, en la reversión del hospital de Alzira-, Sanidad no tenía claro cómo acometer la reversión, puesto que tenía que asumir al personal ante la falta de técnicos en las bolsas públicas.