La jueza de la dana cita a la técnica de la CHJ que admitió un retraso en el aviso a Emergencias sobre el Poyo

La lista de testigos en el caso de la dana comienza a ser importante tras la última resolución de la instructora en la que acordaba la citación de prácticamente todos los alcaldes de los municipios afectados directamente por la riada del 29 de octubre. El mes de junio y algunas jornadas de julio están ya copadas por personal de Emergencias. Pero los primeros ediles siguen sin fecha. Especialmente relevante es la comparecencia de María José Catalá, alcaldesa de Valencia, en una suerte de contienda electoral con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, que investiga las muertes y lesiones de la riada, ha acordado citar a declarar como testigos al director general del Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat, Luis Gomis. El alto cargo reconoció en un informe que los agentes medioambientales, unos de los técnicos que tienen asignada la misión de controlar el caudal de barrancos y ríos, fueron replegados por la propia Generalitat el día de la dana.

De igual modo, la instructora convoca a una operadora del Servicio Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Esta última testifical no es una más. Tiene una significación especial. La jueza la cita a petición del letrado Francisco Regalado, que representa a una acusación particular. La responsable del SAIH es Carmen González. Se trata de la mujer que compareció en la comisión de investigación del Senado y que admitió que el envío del aviso a Emergencias sobre el desbordamiento del barranco Poyo se demoró casi una hora por motivos técnicos y de verificación de datos.

En su momento, la profesional, que se encontraba en la sala de control del sistema, explicó que cuando la lengua de agua pasa por un punto de medición del SAIH, la cantidad de metros cúbicos por segundo tarda unos 20 minutos en llegar a la sala de control, tal y como informó LAS PROVINCIAS.

Así, el primer dato de caudal que hizo saltar todas las alarmas en el Poyo se registró a las 17.35 horas, sin embargo, por culpa de la demora en el envío de las comunicaciones y la recepción en los programas, no llegó a la CHJ hasta las 17.55.

Eso sí, la técnico defendió a lo largo del día se remitieron una treintena de notificaciones entre las 7.00 y las 20.00 horas advirtiendo de las fuertes precipitaciones recogidas por los casi 200 pluviómetros que controlan la cuenca del Júcar. Unos mensajes que, sin embargo, no se consultaron en el Cecopi. Tampoco el correo de las 18.43 horas que alertaba de la monumental crecida del barranco. Además, reveló que había otro punto de control en Massanassa que se encontraba en fase de pruebas.

La instructora, por otra parte, a petición de una acusación popular, también ha decidido citar nuevamente al técnico que validó el envío del mensaje del Es-Alert y que compareció el pasado jueves como testigo por si accede voluntariamente a aportar capturas de pantalla sobre las llamadas telefónicas sobre las que se refirió en su declaración. Se trata de demostrar que el relato cronológico que detalló en su comparecencia puede validarse con el teléfono móvil.

La Fiscalía ha presentado esta semana diferentes informes. El ministerio fiscal se opone, por ejemplo, al análisis de los teléfonos móviles de los altos cargos de la Generalitat. En cambio, pide que se facilite a la Guardia Civil los datos de las presas para la elaboración de su cronología. Por último, muestra su desacuerdo con las quejas de Salomé Pradas, la exconsellera de Emergencias. La investigada se quejó de la deficitaria transcripción de su comparecencia al no recoger el sentido exacto de sus palabras. El ministerio fiscal le insta a qué diga en qué es inexacta y le recuerda, además, que siempre puede reclamar que se reproduzca el audio.