FGV investiga posibles desviaciones millonarias en la compra de maquinaria

Pasajeros en el metro de Valencia. / JESÚS SÁNCHEZ SIGNES
Pasajeros en el metro de Valencia. / JESÚS SÁNCHEZ SIGNES

La empresa está a la espera de la comprobación de una auditoría externa que señaló irregularidades entre 2000 y 2007

Burguera
BURGUERAValencia

El que fuera gerente de FGV, Ángel García de la Bandera, pidió su relevo al frente de la empresa hace once meses. Sin embargo, antes de su marcha encargó una auditoría que tiene aspecto de convertirse en un asunto peliagudo. Hace dos meses que el Consejo de Administración conoce aquel informe externo. Según fuentes de la Conselleria de Obras Públicas, a partir de entonces se están realizando investigaciones internas con el fin de cotejar los datos que aporta la auditoría con el fin de, en el caso de contar con una situación jurídicamente consistente, acudir a la fiscalía. La conselleria emitió un comunicado ayer donde confirmaba la investigación interna sobre la adquisición de unidades en los años 2000, 2004, 2005, 2006 y 2007 para poder conocer si los resultados de la investigación interna coinciden con el informe que una auditora realizó a instancias del ex gerente de la empresa.

El resultado de dicha auditoria se dio a conocer al Consejo de Administración en la reunión del pasado 28 ed marzo de 2018. En ese momento, y tras conocerse por parte de los asistentes un resumen del informe de auditoria con las salvedades detectadas en la adquisición de unidades de los años 2000, 2004, 2005, 2006 y 2007, se decidió abrir de forma inmediata una investigación interna que estudiase y confirmase las salvedades detectadas por la auditoria para poder dar traslado, si así era el caso, a la Fiscalía. Lo que aparece en el informe son posibles fraccionamientos de contratos o extraños incrementos de precios.

El actual gerente de FGV, Juan Andrés Sánchez Jordán, recibió el mandato del Consejo de Administración de contrastar los datos. La comprobación de los datos tenía un plazo que coincide con la próxima reunión del consejo, seguramente la próxima semana. «Una vez finalizada la revisión de los contratos arriba referidos y si se confirman irregularidades se dará traslado, por parte del Consejo de Administración, tal y como se acordó, a la Fiscalía», según indicaron desde la consellería, que se encargó de recordar que «las adjudicaciones a las que se refiere dicho informe de auditoría hacen referencia a la etapa de Jorge García Bernia y Marisa Gracia como gerentes de Ferrocarrils de la Generalitat, ambos bajo mandato de los anteriores gobiernos del PP».

«En ningún caso esta conselleria ha omitido la información de la que ha tenido conocimiento, todo lo contrario, exigió inmediatamente una investigación interna», indican fuentes de Obras Públicas, desde donde aseguran que «se ordenó a la nueva gerencia de la empresa que se implantasen también de forma inmediata las recomendaciones que se aportaban en la auditoria. En ningún caso se han detectado irregularidades a la época del Consell actual.

El PP pide los contratos desde 2016 hasta la actualidad

El grupo parlamentario popular ha pedido la comparecencia de la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, y el gerente de FGV, Juan Andrés Sánchez, para explicar la auditoría que apunta a «desviaciones escandalosas» en la compra de material móvil. Según el portavoz adjunto del grupo, Vicente Betoret, el PP quiere saber el informe habla de «sobrecostes que superarían el 300%» y «si ha habido intención de beneficiar a alguna empresa».

Betoret solicitará las auditorías internas realizadas por FGV sobre las contrataciones y procedimientos para adquirir material móvil y su mantenimiento para poder trasladarla a la Agencia Antifraude. Señaló que pedirá todos los contratos realizados en este sentido desde 2016 hasta la actualidad para poder cotejar los datos y analizar de forma «pormenorizada» si ha habido o no algún tipo de injerencia política en las contrataciones y «si los gestores han podido incurrir en desviaciones económicas desorbitadas o sin justificar». Betoret pregunta por si «el informe de la auditoria interna habla de sobrecostes que superarían el 300%».