El incendio de Cortes dejó 2,9 millones en daños y un millar de afectados

Las llamas se ceban con un paraje de Cortes de Pallás durante el incendio de 2012. /EFE/MANUEL BRUQUE
Las llamas se ceban con un paraje de Cortes de Pallás durante el incendio de 2012. / EFE/MANUEL BRUQUE

La jueza del caso fija en nueve años la pena máxima que se podría imponer a los dos operarios procesados por el desastre

J. A. MARRAHÍVALENCIA.

El de Cortes de Pallás es el incendio del siglo en España. No ha habido fuego más destructivo en el país en los 19 años que llevamos de milenio y su verdadera magnitud económica se acaba de conocer gracias a una costosísima tasación judicial impulsada por el juzgado de instrucción 3 de Requena. El fuego que hace siete años arrasó más de 30.700 hectáreas por 12 pueblos del interior de la provincia de Valencia dejó daños por valor de casi tres millones de euros a cerca de un millar de afectados.

Así consta en un auto judicial de la magistrada Elena Berlanga con el que, como avanzó LAS PROVINCIAS, cierra la instrucción judicial y da traslado al fiscal y a las partes para que presenten sus escritos de acusación y se inicie, si así lo estiman, el juicio a los dos sospechosos.

El desastre acaba de cumplir siete años. Fue a las 16 horas del 28 de junio de 2012, en una jornada en la que se conjugaba calor y poniente con un riesgo extremo de incendio forestal. En los antecedentes de hecho, la magistrada relaciona directamente la acción de los dos operarios con el foco inicial del fuego. «Realizaron unos trabajos en una casa de campo en la partida Collado de Azahar», trae a la memoria. «Procedieron a la instalación de unos paneles para lo cual utilizaron un soldador, causando una chispa provocada por el mismo un incendio» que afectó primero a los montes de Cortes de Pallás y luego se extendió sin control por los términos de Dos Aguas, Llombai, Real, Catadau, Turís, Alborache, Carlet, Tous, Montroy, Macastre y Yátova.

Dos Aguas, el pueblo más damnificado con 290 afectados y un millón en pérdidas

En su avance, las llamas se llevaron por delante chalés, casas de campo, áreas de apicultura, instalaciones cinegéticas, la parcela de un hotel rural, cultivos... Más allá de los daños declarados por los afectados en los ayuntamientos en su momento, el proceso judicial requería un peritaje pormenorizado de esos desperfectos con cada uno de los mil propietarios de terrenos, edificaciones e instalaciones. Es esto lo que ha ralentizado la fase de instrucción estos años hasta poner el proceso por fin a las puertas del juicio.

Pero la ingente labor de Instrucción 3 de Requena llega ya a su fin y permite ahora una precisa contabilidad del daño global y particular de las llamas. En suma, se contabilizan 1.006 afectados con un importe global de daños cifrado en 2,9 millones de euros por las tasaciones judiciales.

Pese a que las llamas arrancaron en Cortes de Pallás, el vecino municipio de Dos Aguas fue, con diferencia el más damnificado. La investigación judicial sitúa allí a 290 personas y sociedades afectadas y daños por un valor de casi un millón de euros. Es decir, un tercio de las pérdidas económicas del desastre se produjeron en su término. También destaca Turís, donde el auto refiere 246 afectados y daños por el incendio cuantificados en casi medio millón de euros.

La finalización del costoso peritaje abre las puertas al juicio siete años después

La jueza cierra el auto asegurando que los hechos que se atribuyen a los dos operarios podrían entrañar un delito «castigado con pena privativa de libertad no superior a nueve años de prisión». La magistrada de Requena cita como posible responsable civil directo una entidad aseguradora y como responsable civil subsidiario la empresa de instalaciones de energía solar a la que se encargó el trabajo que, según las investigaciones, desató el incendio.

Además de la posible pena de prisión, en sus fundamentos jurídicos la magistrada contempla la posibilidad de que a los dos procesados se les imponga «otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas». Tras estos razonamientos, la jueza Berlanga dispone «dar traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares, si las hubiera, para que soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa». Sólo excepcionalmente, se abre la puerta a la práctica de diligencias complementarias.

La causa se ha seguido por un delito de incendio forestal por imprudencia y ahora será la Fiscalía de Valencia, a través de su área especializada en Medio Ambiente, la que determine qué pena pide para los dos procesados y, en su caso, para la empresa en la que éstos trabajaban en el momento en que se produjo el desastre forestal.

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