Las guarderías demandarán a los municipios que se salten la admisión para sus escuelas

Las guarderías demandarán a los municipios que se salten la admisión para sus escuelas

Acade advierte por carta a los ayuntamientos tras detectar casos en los que se anuncian sistemas distintos para atraer al alumnado de la privada

Joaquín Batista
JOAQUÍN BATISTAValencia

valencia. La patronal de centros educativos privados Acade ha iniciado una campaña para informar a los ayuntamientos, titulares de cerca de 250 escuelas infantiles municipales (de cero a tres años), de la necesidad de cumplir «estrictamente» con la normativa de admisión de alumnos. Tal y como explican fuentes de la organización en la Comunitat, tienen constancia de consistorios que no prevén aplicar la regulación existente, como no utilizar criterios de baremación para ordenar las solicitudes que reciben o incluso emplear algunos que no están recogidos en la norma.

En la misiva, a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, se advierte de que defenderán a sus centros asociados y que no se descarta «el ejercicio de las acciones legales» que se estimen oportunas «para el cumplimiento de la normativa».

La patronal alerta de que incumplir la norma puede discriminar a familias de rentas bajas

Desde este mismo curso, los centros de educación infantil de la Comunitat, tanto los de gestión directa como los de gestión indirecta (en los que opera una empresa privada concesionaria), ofrecen gratis las plazas de dos-tres años, el nivel previo al paso al colegio, gracias a la ayuda que da la Generalitat -bono infantil- y que permite sufragar la totalidad del puesto escolar (sin incluir los servicios complementarios).

Esta política ha sido muy criticada por el sector privado representado por las patronales (Acade, Feceval, Escuelas Católicas y Salvem 0-3) ya que la medida no alcanza a sus centros, donde las familias sólo pueden optar a una ayuda parcial en función de la renta (entre 70 y 200 euros dependiendo del nivel y los ingresos del hogar). Consideran que se genera una competencia desleal en una etapa no obligatoria al dejar fuera de la medida a la red ya consolidada que durante décadas ha cubierto esta demanda, de ahí que se pida igualdad de condiciones.

Desde Acade explicaron ayer que también tienen constancia, a través de sus centros asociados, de que se han realizado llamamientos e incluso el envío de comunicaciones a familias con niños matriculados para ofrecerles plaza en las escuelas municipales con el gancho de la gratuidad. «Se han dado casos de auténtica captación de alumnos», añaden.

Los municipios han de emplear los criterios que rigenpara los colegios públicos y concertados

La campaña no sólo obedece a esta pérdida de alumnado, sino a que de no aplicarse el proceso de baremación regulado en la normativa se pueden producir situaciones de discriminación. Por ejemplo, que una familia con una renta media o alta acceda a un aula municipal de 1-2 años, que también tiene un coste mensual, y pase al curso siguiente de manera automática a la de 2-3, que es gratuita. En cambio, un núcleo familiar con renta baja, que no pudo permitirse pagar el puesto escolar de 1-2 años, puede quedarse fuera de las de 2-3 porque hay pocas plazas disponibles, pues hay que reservar puestos para los que promocionan, entre ellos, el del niño de la familia con una renta más alta.

En este sentido, la carta solicita «que se dé estricto cumplimiento de la normativa de baremación en el acceso a las escuelas infantiles del municipio, con la finalidad de evitar discriminaciones por razón de renta u otros requisitos».

Desde Acade añaden que la obligación de velar por el cumplimiento de la norma es del interventor, y que la supervisión afecta también a las de gestión indirecta, las dirigidas por una empresa privada. Por último, señalan que en las diferentes reuniones mantenidas con la Conselleria de Educación esta les ha reiterado lo que reclaman: que para conseguir una plaza en una escuela municipal «se siguen unos estrictos criterios de baremación».

Según la normativa vigente (tanto el decreto de admisión como la orden que regula el bono infantil), los ayuntamientos deben atenerse a los diferentes criterios que rigen para los colegios públicos y concertados: existencia de hermanos en el centro, padres trabajadores en el mismo, proximidad al domicilio, renta, familia numerosa o monoparental o situación de discapacidad.

Las familias de 68 colegios deciden su horario escolar

Las familias de 68 colegios de Infantil y Primaria de la Comunitat votaron ayer en las consultas organizadas en sus centros para decidir si el curso que viene aplican el horario intensivo o mantienen la organización habitual: clases durante la mañana y la tarde.

La jornada se inició a las nueve de la mañana y las mesas permanecieron abiertas un mínimo de diez horas y un máximo de 14, por lo que las votaciones finalizaron entre las 19 y las 23 horas. Durante el día de hoy los resultados del escrutinio se remitirán a la Dirección General de Política Educativa para que los compruebe y valore antes de emitir la autorización definitiva para el cambio, que llegará «antes del inicio del procedimiento de admisión del alumnado», según la resolución que fija el calendario del procedimiento. En caso de aplicar la jornada continua esta tendrá, en principio, una vigencia de tres cursos académicos. Aquellas escuelas donde no se alcancen los votos necesarios (al menos el 55% del censo total de padres y madres) no podrán volver a presentar la solicitud de modificación de horario durante el mismo periodo citado (tres ejercicios).

De los 68 colegios donde se celebraron consultas, 5 pertenecen a la provincia de Alicante, 9 a la de Castellón y 54 a la de Valencia. En el actual curso 808 escuelas de la Comunitat tienen jornada ordinaria mientras que 616 disponen de horario intensivo tras pasar por el mismo procedimiento.

Por provincias, en Alicante 127 centros se organizan con jornada ordinaria y 361 con la continua; en Castellón 133 tienen horario partido y 54 intensivo; y en Valencia 548 mantienen las clases vespertinas y 200 sólo tienen de mañana.

Además, tienen la opción de incluir algún requisito adicional para beneficiar «a las solicitudes formuladas por las familias más necesitadas de atención social». Por ejemplo, dar puntos si los progenitores están en paro o si los menores se encuentran en situación de riesgo. Además, los ayuntamientos deben priorizar la continuidad de los niños que pasan de curso respecto a las nuevas admisiones , de ahí la advertencia de Acade sobre posibles discriminaciones en los municipios que sorteen la regulación vigente.

Por otro lado, la patronal, junto a Feceval y Escuelas Católicas, tiene recurrida ante el TSJCV la orden que regula el bono infantil por la exclusión de sus centros de la gratuidad en dos años, y ha puesto en marcha una campaña para fomentar la escolarización en la red privada.