El Gobierno recibe una quincena de cartas para que ejecute el Plan Sur

Desde la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación aseguran que ha habido diferentes movimientos que, por el momento, no han surtido efecto. Desde hace algo más de un año se ha pedido una reunión con la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, pero la misma no ha tenido lugar.

De este modo, se han enviado diferentes cartas con la petición, reiterando la necesidad de llevar a cabo las obras de encauzamiento. En total, según las mismas fuentes, se han enviado a lo largo de los últimos meses una decena cartas al Ministerio de Transición Ecológica donde se ha pedido abordar este tema o cuestiones relacionadas.

A esto hay que sumar las dos cartas enviadas a la Comisionada para la Reconstrucción donde se pedía una reunión para, entre otras cosas, concretar estas actuaciones: «La reunión tampoco se ha producido nunca», destacan.

Por último, hay que añadir «contactos informales por otras vías (telefónicas o mensajería) para tratar de cerrar reuniones con la ministra y la comisionada», agregan. 

Sí es cierto, reconocen, que hubo una reunión telemática con el secretario de Estado de Transición Ecológica, Hugo Morant (el pasado 2 de junio), y con el presidente de la CHJ, Miguel Polo (el 20 de febrero), donde se puso sobre la mesa este tema por parte de la Generalitat, «pero no se concretaron plazos por parte del Gobierno».

Ya después de las vacaciones estivales, el 9 de septiembre, también hubo una reunión entre ambos y la Generalitat «donde dieron algún detalle de la actuación de la Saleta y el Poyo, pero también con plazos muy dilatados». También a nivel técnico ha habido reuniones entre la Generalitat y la CHJ para abordar los parques inundables pero sin avances palpables.

Asimismo, en la vista de hace un mes de la ministra Aagesen se le reiteró la necesidad de una reunión para abordar el tema. 

Además, en la conferencia de esta pasada semana se han descartado actuaciones de lo que se podría considerar el Plan Sur por parte del Gobierno y la CHJ, en concreto las actuaciones para hacer presas.

Fuentes del Consell han recordado que desde que tuvo lugar la trágica Dana de 2024 la Generalitat ha emprendido una serie de acciones con el objetivo de desarrollar infraestructuras que permitan reducir el riesgo ante fenómenos climáticos extremos. Este conjunto de actuaciones, lo han denominado como un nuevo Plan Sur, «cuya mayor parte de responsabilidad recaería en el Gobierno».

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha recordado que ha logrado reponer la totalidad de la red de Metrovalencia en el mes de junio. Cuando no estaba operativa se activaron más de una veintena de servicios lanzadera que se han ido desactivando conforme se ha recuperado la conexión.

Entre otros aspectos, se consideran vitales las obras de laminación y mejora del drenaje del barranco del Pozalet y de la Saleta, el acondicionamiento del barranco de la Saleta, las obras de encauzamiento y drenaje en la Cuenca del Poyo, el aumento de la capacidad de drenaje transversal de la A-3 en varios puntos como en su cruce con el AVE o el barranco del Poyo, el encauzamiento de los tramos más peligrosos del río Turia, la ampliación de la capacidad de desagüe del cauce del río Turia y la reducción del riesgo de inundación de la ciudad de Valencia y de l'Horta Sud mediante la ampliación de la capacidad de desagüe del nuevo lecho del Turia y la construcción de las presas de Villamarxant y Cheste.

Pero estas obras no han comenzado. Algunas están en fase de planificación, pero acumulan años de retrasos y otras como las presas ni se plantean.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, reclama al Gobierno de España que acelere la puesta marcha de las infraestructuras hidráulicas declaradas de interés general imprescindibles para garantizar la protección del territorio ante futuros fenómenos extremos y ha criticado «que es intolerable que se haya perdido un año». El vicepresidente insiste en que «la adaptación climática y la resiliencia no es un concepto teórico, es una política pública», y ha recordado que las obras estatales previstas «deben ejecutarse si queremos reducir de verdad el riesgo».

«Que se haya anunciado hace pocos días la licitación de los proyectos de las obras más importantes para evitar que esto hubiera pasado es una vergüenza», ha sentenciado. Martínez Mus ha señalado que los planes de gestión del riesgo de inundación aprobados por el propio Gobierno central ya identifican 30 actuaciones prioritarias, con un coste cercano a los 3.100 millones de euros, «destinadas a proteger a cientos de miles de personas, especialmente en zonas con alta exposición».

A pesar de ello, ha lamentado que ninguna de estas obras se haya puesto en marcha, pese a estar declaradas de interés general y contar con proyectos y análisis coste-beneficio favorables. «No podemos seguir esperando mientras las zonas vulnerables permanecen sin las protecciones necesarias», ha afirmado.

Pero la Generalitat, han recordado, no solo reclama actuaciones, sino que también hace sus deberes en la parte del Plan Sur en el que sí tiene competencias.

Lo primero que se hizo fue modificar la Ley de la Huerta para eliminar las trabas que representaban esta norma para llevar a cabo los proyectos de encauzamiento del Poyo y la Saleta.

Además, han remarcado que el presidente Juanfran Pérez Llorca en su discurso de investidura garantizó que en el presupuesto de la Generalitat Valenciana se incluirán las partidas necesarias para planificar y ejecutar los parques inundables en áreas bajas y así retener y caminar las aguas pluviales o las procedentes de desbordamientos de los ríos.