El Gobierno pretende apropiarse de bienes que están a nombre de la Iglesia

Dolores Delgado, ministra de Justicia, ayer cuando asistía a la apertura del Año Judicial. / EFE
Dolores Delgado, ministra de Justicia, ayer cuando asistía a la apertura del Año Judicial. / EFE

La Conferencia Episcopal considera una «desamortización encubierta» el anuncio de Justicia que afecta también a inmuebles del Arzobispado de Valencia

LAURA GARCÉS VALENCIA.

El Gobierno de España se propone ahora, a través de la dirección general de Patrimonio del Estado, reclamar a la Iglesia Católica los bienes inscritos a su nombre en el Registro de la Propiedad que sean de dominio público. La medida, en tanto que se aplicará en toda España, afectará a la Comunitat Valenciana. El Ministerio de Justicia confirmó ayer a LAS PROVINCIAS que por el momento todavía no conocen el listado de cuántos inmuebles podrían verse afectados, si bien explicaron que se estudiarán todos los registros de la propiedad, de esa manera el rastreo incluirá también los bienes de la Iglesia en territorio valenciano.

La propuesta del Gobierno pronto obtuvo respuesta de la Conferencia Episcopal Española (CEE). El secretario general y portavoz de la CEE, José María Gil Tamayo, la calificó de «desamortización encubierta» y advirtió de que puede ir «en detrimento de la acción social de la Iglesia» pues algunos de esos bienes los utilizan para atender a los pobres, según informó Europa Press.

Las razón por la cual el Ejecutivo ha anunciado que va a a emprender este camino se ha conocido a través de una respuesta a preguntas del diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, en la que mantiene que la Constitución y la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas determinan que la Iglesia no puede apropiarse de «bienes de dominio público».

En dicha respuesta, con fecha del pasado día 5, según Europa Press, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez «el Ministerio de Justicia se encuentra en estos momentos procesando los datos para la realización del listado de bienes inmatriculados y se prevé que, una vez finalizado, se proceda a la publicación de dichos datos, de forma que se garantice el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la Ley Orgánica de Protección de Datos».

El Gobierno explicó que, «con carácter general, ha de señalarse que el articulo 132.1 de la Constitución Española consagra los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los bienes de dominio público y este principio se desarrolla legalmente a través de los artículos 5, 6 y concordantes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas».

Antonio Hurtado señaló que, «cuando se conozca ese listado» de los bienes inmatriculados por la Iglesia, «se verá que ha habido connivencia en determinados Registros de la Propiedad y menos en otros», a la hora de facilitar la inscripción. Aseguró que «se va a demostrar que en ciudades como Córdoba, Zaragoza o Pamplona ha habido mucha más permisividad» para facilitar las inscripciones, «y también mucha más avidez por parte de la Iglesia para inscribir inmuebles», como la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Seo de Zaragoza, que entiende el diputado que «son bienes de dominio público». En declaraciones a Efe explicó que «hablamos de unos 40.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, según datos facilitados por la propia institución».

En la Comunitat en torno a varios inmuebles de uso religioso ya se generó polémica por su titularidad. A final de los 90 surgió la noticia en Alzira ante la inscripción de la ermita del Lluch. Ese hecho sorprendió a la opinión pública y desencadenó acciones judiciales que acabaron en el Supremo dándole la razón a la Iglesia. Fuentes de la Iglesia en Alzira recordaron ayer que el alto tribunal ya se pronunció.

En Benicarló hace tres años desde el Ayuntamiento anunció que había decidido llevar a los tribunales a la diócesis de Tortosa después que esta inmatriculara el campanario exento de San Bartolomé, que el Consistorio consideraba de su propiedad. Fuentes cercanas al obispado de Tortosa confirmaron ayer que tras el ese anuncio realizado en 2015 y hasta la fecha, no se ha recibido notificación de demanda alguna por este motivo. Hace unos años saltó a la actualidad el templo de San Bartolomé de Xàbia. La inscripción del arzobispado provocó el rechazo del pueblo hasta que la Iglesia señaló que se produjo un error y se inscribió el templo a nombre de la Congregación de San Betomeu. Desde el Arzobispado de Valencia manifestaron que ante el tema suscitado por el Gobierno se sumaban a la respuesta de la CEE. Por su parte, desde Compromís reclamaron al Gobierno que lleve a la fiscalía las inscripcciones si se demuestra que son ilegales.

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