El Gobierno tiene que decidir esta semana si aprueba un trasvase al Segura

La cantidad acumulada se sitúa ampliamente por encima de los 688 hectómetros cúbicos, la cifra mágica. El Memorándum del Tajo, el documento que regula el funcionamiento del trasvase al Segura, establece que a partir de este volumen en el mes de julio se puede realizar una transferencia de 38 hectómetros cúbicos.

Según las fuentes consultadas, esta semana se tiene que reunir la comisión de explotación del Tajo-Segura y con los datos del agua almacenada a principios de mes decidir si es posible aprobar una nueva transferencia.

Según el Memorándum, con los 701 hectómetros cúbicos acumulados la situación es de nivel 2 «y automáticamente se debe trasvasar», apuntó José Antonio Andújar, presidente de la Federación de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva).

Ahora es el Gobierno de Pedro Sánchez quien tiene la palabra. El nuevo Ejecutivo va a tener que tomar una primera decisión sobre el problema hídrico que afecta a la Comunitat Valenciana. Sea cual sea la resolución del Gobierno, la polémica está más que asegurada. En el caso de que vete el trasvase, se encontrará con el rechazo de regantes y de Generalitat. En este sentido, Ximo Puig ha expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de la infraestructura y el apoyo del Consell.

Si, por el contrario, decide dar luz verde a la transferencia, el Gobierno se enfrentará a las iras de la Junta de Castilla-La Mancha. El ejecutivo del socialista Emiliano García-Page se ha posicionado a favor de la derogación del trasvase y ha recurrido judicialmente las últimas autorizaciones.

Pedro Sánchez generó en abril, cuando aún era líder de la oposición, una sonada polémica. En un acto en Albacete se manifestó en contra del trasvase. Una semana después en Murcia se retractó y se mostró partidario de mantenerlo. En ese momento consiguió molestar a ambas partes. Ahora tiene la decisión en su mano.

El Gobierno del PP ha aprobado las transferencias acogiéndose al Memorándum de 2013. Se argumentaba que no se trataba de una decisión política sino técnica al limitarse a aplicar un documento aprobado con el consenso de los regantes y de las comunidades valenciana y castellano-manchega.