El Gobierno centraliza el proceso para reducir plazos

D. G. VALENCIA.

El Consejo de Ministros aprobó a finales de marzo el Real Decreto con el que desarrolla, a través de un reglamento, la Ley 26/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que a su vez cambia la ley 54/2007 de Adopción Internacional. Esto se traduce en que será la dirección general de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad el organismo encargado de iniciar, suspender o paralizar la tramitación de las adopciones con cada país de origen de los menores (hasta ahora lo hacía cada comunidad autónoma, por lo que había grandes diferencias de unas a otras).

Además, la dirección general de Familia, previa consulta a las comunidades autónomas a través de la Comisión Delegada, establecerá el número de expedientes nuevos que podrán tramitarse con cada país. El objetivo es triple: racionalizar el sistema, evitando la acumulación de expedientes en los países de origen y adecuando los ofrecimientos de las personas que quieren adoptar a las necesidades reales de los menores. Esta adecuación cuantitativa y cualitativa de los ofrecimientos generará, según el ministerio, una disminución en los tiempos de tramitación.

El reglamento también establece que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social será quien acredite a las entidades colaboradoras de adopción internacional, que previamente contarán con un informe de las comunidades autónomas.