La Generalitat Valenciana no sanciona a los más de 400 municipios sin plan de incendios

Un bombero camina por una zona incendiada de El Saler, en Valencia, uno de los 54 municipios advertidos por la Fiscalía. / jesús montañana
Un bombero camina por una zona incendiada de El Saler, en Valencia, uno de los 54 municipios advertidos por la Fiscalía. / jesús montañana

La fiscalía da un año de plazo a los consistorios que no cumplen mientras Emergencias planea otro requerimiento

Juan Antonio Marrahí
JUAN ANTONIO MARRAHÍValencia

La inmensa mayoría de municipios de la Comunitat (todos salvo 17) cuenta con zonas de monte, lo que implica que están obligados por la Ley Forestal autonómica a disponer de un plan local de prevención de incendios forestales. Además, un elevado número de ellos (128) están obligados igualmente por la Ley de Emergencias a tener otro plan, el de actuación municipal ante este tipo de situaciones de riesgo, también conocido como PAM.

Pues a pesar de ser una obligación administrativa claramente recogida en ambos textos legales, ni la Conselleria de Medio Ambiente, encargada de hacer cumplir la primera normativa, ni la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, con competencia en la segunda, ha impuesto una sola sanción a los más de 400 pueblos que aún no han elaborado esos planes.

Esta actitud de cierta piedad entre administraciones, la autonómica ante la local, contrasta con las recientes advertencias de la Fiscalía de Medio Ambiente en toda España. El Ministerio Público lo tiene claro: no tener los planes es, sencillamente, ilegal, además de peligroso. Y por eso ha lanzado cartas a los alcaldes de los municipios más azotados por el fuego para que respondan de una vez a esta necesidad.

Sólo 61 pueblos tienen plan de prevención y 10 el de actuación ante fuegos

Si nos fijamos en los planes de prevención, bajo el paraguas de supervisión de Medio Ambiente, de los 525 pueblos obligados a tenerlo sólo 61 han cumplido. ¿Ha habido sanciones administrativas a alguno de los 464 pendientes? Ni una. Sí las hay para las quemas agrícolas de riesgo u otras prácticas de particulares con peligro de incendios. Pero no para los pueblos obligados a tener los planes. Para ellos hay advertencias, apriemios, requerimientos o ayudas económicas. Pero, hasta ahora, se ha evitado la mano dura.

¿Prevé Medio Ambiente iniciar sanciones o alguna otra medida tras las recientes advertencias de la Fiscalía? «Ya se les ha advertido a los municipios en una circular que no disponer de este documento de planificación puede ser motivo infracción administrativa», aseguran desde el departamento autonómico. Una carta enviada a principios de febrero de este año por la conselleria da un plazo de un año a los pueblos pendientes para dotarse del plan local de prevención.

Medio Ambient, otorgó recientemente ayudas por valor de 1,5 millones a 254 municipios carentes de plan para que se pongan las pilas. ¿Qué han hecho con ese dinero? «Actualmente los están redactando. Algunos ya han presentado el plan para que sea abonado el importe de la subvención aprobada, pero la mayoría están en revisión y se les ha requerido algunas subsanaciones» de errores para ajustarse a los requisitos técnicos que marca la orden autonómica que regula los planes de prevención.

Ribó, también advertido por la Fiscalía de Medio Ambiente

La ciudad de Valencia no cumple con la Ley Forestal. Y debería, según el listado de pueblos con planes de prevención de incendios aprobados y pendientes que maneja la Conselleria de Medio Ambiente. De hecho la capital está entre los 54 municipios de la Comunitat cuyos alcaldes recibieron hace casi un año un serio toque de atención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Joan Ribó fue uno de los ediles que recibió la misiva por no tener aún Valencia ese plan local de prevención. «El consitorio que usted preside», le expuso el fiscal Antonio Vercher, «no se halla dentro de la lista de localidades exentas de la obligación». Al igual que a otros 53 alcaldes, la Fiscalía le apremió: «Conocedores de que el municipio ha sufrido un importante número de incendios, muchos intencionados, le intereso tenga a bien informar sobre la elaboración del susodicho plan por parte de su consistorio, dejando claro por parte de esta Fiscalía la obligación de elaborarlo».

Según fuentes de la Concejalía de Medio Ambiente, «el plan lo está redactando con recursos propios municipales el servicio Devesa-Albufera y está ya muy avanzado». En pocas semanas, aseguran, estará listo y se dará traslado a la Generalitat. El consistorio se ampara en que todavía está dentro del plazo de un año otorgado por Medio Ambiente para su elaboración.

Ante el requerimiento de la Fiscalía por la falta de un plan local de prevención, el consistorio respondió con un escrito en el que detalló todas las medidas que ha tomado para evitar los incendios, «desde el retén de bomberos en verano en plena Devesa hasta la red de hidrantes», entre otras.

En los otros planes locales, los de actuación ante incendios, también cifras nefastas de cumplimiento. De los 128 municipios obligados sólo lo tenían nueve a principios de junio. La honrosa y curiosa excepción es la de Estubeny, que cuenta con PAM sin que sea obligado o recomendado tenerlo. Pero la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias tampoco ha sancionado jamás la ilegalidad. ¿Por qué? La ausencia de un PAM entraña una ilegalidad en el caso de los pueblos obligados, pero «de momento se prefiere la vía de la advertencia y la recomendación», explican. En breve, el director general, José María Ángel, hará un nuevo llamamiento a los alcaldes resultantes de las últimas elecciones para que hagan sus 'deberes' contra el fuego.

La Ley de Emergencias marca muy claramente la obligación de cumplir con los planes de protección civil. Y el plan especial de incendios forestales es uno de ellos. Según la norma autonómica, no disponer de un PAM supondría una infracción recogida en el artículo 7 del régimen sancionador. Textualmente, considera infracción leve «no elaborar los planes de protección civil previstos en la presente ley». Este tipo de infracciones conllevan una multa de hasta 6.000 euros que, de momento, ningún consistorio ha tenido que pagar. A pesar de la reiterada y manifiesta desobediencia. Nadie les ha sancionado.