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Personal sanitario de un hospital valenciano. Iván Arlandis
Eutanasias en la Comunitat | La Generalitat ya ha practicado dos de las cuatro eutanasias solicitadas desde junio

La Generalitat ya ha practicado dos de las cuatro eutanasias solicitadas desde junio

Expertos critican que la normativa no se ha consensuado con los profesionales y reclaman mejoras en cuidados paliativos

DANIEL GUINDO

Domingo, 7 de noviembre 2021

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El Pleno del Consell aprobó el pasado 18 de junio el decreto por el que se creaba la denominada Comisión de Garantía y Evaluación prevista en la Ley de Eutanasia nacional, normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado a finales de marzo. El objetivo que persigue la citada comisión es garantizar que, desde el pasado 25 de junio, tanto los profesionales como la ciudadanía dispongan de toda la información sobre los requisitos, procedimientos y documentación necesaria para poder ejercer en la Comunitat el derecho a la polémica prestación de ayuda médica para morir. En estos algo más de cuatro meses, la Conselleria de Sanidad ha recibido cuatro solicitudes para que el personal sanitario ayude a morir a estos pacientes. Dos de ellas se han autorizado y llevado a cabo, una en la provincia de Valencia y otra en la de Alicante. Las otras dos han sido denegadas por no cumplirse los requisitos establecidos en la ley nacional.

En relación a la normativa, el doctor Julio Tudela, director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, explicó que la aprobación de la Ley de Eutanasia en España incorpora «todos los términos éticamente reprobables de otras leyes similares en el mundo: hacer legal el homicidio, proponerlo, asistirlo y sufragarlo». Pero además en el caso español, «se ahonda más en el desprecio a los derechos humanos, específicamente el derecho a la vida».

Sobre ello, recordó que la norma se tramitó en plena pandemia de Covid-19 «sin realizar las pertinentes consultas a órganos jurídicos, comités de bioética, asociaciones de médicos u otros sanitarios, ni otros grupos de expertos, profesores, académicos y asociaciones profesionales relacionadas». Además, lamentó que la obligación del Estado de proveer la debida asistencia a los enfermos que sufren «sigue sin ser atendida en forma de cuidados paliativos de calidad y suficientes». En Francia, por ejemplo, no sólo no se ha aprobado la eutanasia, sino que se está promoviendo la extensión de los cuidados paliativos a toda la población que los requiera. «Podría cundir el ejemplo», apostilló.

Asimismo, cree que «se discrimina a los discapacitados, también los mentales, en algunos casos con dudosa capacidad de tomar decisiones autónomas y responsables, que son incluidos también en el proceso eutanásico»; y se limita la capacidad de los pacientes de retractarse de las voluntades anticipadas manifestadas previamente.

Tudela aseguró que la norma «pretende crear listados de objetores, aquellos profesionales que, en el ejercicio de la buena praxis, se emplean en curar, aliviar, acompañar o prevenir. La eutanasia no es un acto médico, sino que es propia de verdugos. A ningún sanitario debería proponérsele, como tal, la ejecución de un acto no médico, o mejor, un acto contrario al ejercicio de la medicina».

Por último, este especialista augura que la legalización de la eutanasia «inaugura la temida pendiente resbaladiza constatada en todos los países en los que se ha hecho: cada vez más eutanasias, a pacientes no terminales, a niños, enfermos mentales o ancianos, o simplemente personas cansadas de vivir». «La eutanasia no es progresista, ni defiende la libertad ni respeta la dignidad humana», resumió el director del observatorio.

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