Un funcionario, sancionado con tres años sin sueldo por ofrecer una licencia a cambio de dinero «y dos polvos»

La fachada principal del Ayuntamiento. / j. montañana
La fachada principal del Ayuntamiento. / j. montañana

El juez confirma la sanción del Consistorio al arquitecto que se aprovechó de su condición ante el dueño de un local de alterne

A. RALLOVALENCIA.

Un arquitecto municipal de Valencia pudo esquivar la condena penal, pero no ha tenido, de momento, la misma suerte con la sanción administrativa. El funcionario, el que fuera jefe de sección de la oficina técnica de Expropiaciones del Ayuntamiento de Valencia, se ofreció a agilizar una licencia de un local de alterne a cambio de dinero, unos 600 euros «y dos polvos», según se escuchó en una grabación reproducida en el juicio en el que fue absuelto. Ahora otra sentencia confirma el castigo de tres años de suspensión de empleo y sueldo impuesto por el Consistorio.

Los hechos se remontan a los años 2014 y 2015 cuando el promotor, que había solicitado licencia municipal para una pensión con un bar, fue informado de que los trámites se iban a retrasar debido a la cantidad de solicitudes pendientes.

LOS HECHOS

uEl local
El dueño pidió una licencia para una pensión con cafetería privada en la calle Cuenca.
uEntrevista
El acusado se reunió con el promotor en una cafetería de Valencia donde ya recibió 50 euros.
uGrabación
En una conversación registrada, el funcionario anunció que agilizaría los trámites a cambio de 600 euros y los servicios sexuales.

Durante el juicio, celebrado en la Ciudad de la Justicia, el acusado fue absuelto porque el magistrado que presidía el jurado entendió que al no haberse dictado una resolución se incumplía uno de los requisitos del delito del tráfico de influencias. Sin embargo, sí se mantuvo el relato de hechos probados. En la vista se pudo escuchar una grabación, efectuada por el propio dueño del local, en la que el funcionario ofrecía una mayor diligencia a cambio de una contraprestación económica y otras dos sexuales. El fiscal reclamaba un año de cárcel.

El magistrado sostiene que la consecuencia de la acción fue «dañar el honor de la Administración»

Ahora, el funcionario ha recurrido los tres años que pasará suspendido de empleo y sueldo. Pero el juez ha desestimado sus pretensiones. Por un lado, el trabajador alegaba que el expediente administrativo -no puede exceder de 12 meses- había caducado.

No obstante, el juez corrige que el tiempo que se paraliza el procedimiento -a la espera del fin de la vía Penal- no cuenta en el cómputo y que el propia afectado conocía la suspensión.

De igual modo, el fallo recuerda que la Administración está condicionada por los hechos probados en sentencias firmes, aunque, en ocasiones, estos no sean suficientes para una condena penal. Sin embargo, el ahora condenado pudo recurrir la sentencia para tratar de impugnar «las premisas fácticas». El juez sostiene que el ahora sancionado se aprovechó de su condición de funcionario para obtener una ventaja. La consecuencia de su acción fue «dañar el honor de la Administración». La sentencia rechaza también otro de los argumentos del funcionario, que no tuvo posibilidades de defenderse en el procedimiento.