La Fiscalía sostiene que Podemos debe liderar las acusaciones populares de la dana
El ministerio fiscal secunda la petición de los investigados de aglutinar todas las representaciones y propone que las acusaciones particulares elijan a cinco portavoces
El sumario de la dana ejerce un enorme foco de atracción por su incidencia en el mundo político y social valenciano. Esto ha multiplicado el ... interés por ser parte en este codiciado sumario. La consecuencia es que se ha disparado el número de acusaciones populares. En este momento, una docena de las más diversas entidades ejerce la acción penal. Se trata de una figura, la de la acusación popular, que pese a estar recogida en la Constitución no ha tenido siempre un desarrollo pacífico. La consellera Pradas y su número 2, Emilio Argüeso, solicitaron la agrupación con el objetivo de aligerar la instrucción.
La Fiscalía secunda ahora la propuesta. Asegura que las debe liderar Podemos, que fue la primera organización en personarse. De igual modo, también apuesta por la unificación de las representaciones particulares, las que representan a las víctimas de la tragedia, y propone que todas ellas elijan a unos representantes que no deberían ser más de cinco. La jueza de la dana todavía no ha decidido.
La resolución se prevé polémica porque, sin duda, generará recursos de prácticamente todas las representaciones. El ministerio fiscal, no obstante, justifica la medida con el mismo argumento que las defensas de los dos investigados: que no se produzcan dilaciones en el procedimiento ya de por sí voluminoso. También alude en su informe a la igualdad de armas. No parece proporcionado que 40 acusaciones ejerzan contra dos defensas.
La acusación popular es la vía que permite a la ciudadanía ejercer la acción penal en un procedimiento. Existe una diferencia respecto al resto de acusaciones, la necesidad de prestar fianza. La jueza de la dana, tal y como marca la ley, ha establecido una cantidad que permitía a buena parte de las asociaciones acudir al procedimiento con un mínimo esfuerzo: 6.000 euros. Esta cantidad también es una salvaguarda para prevenir el uso fraudulento de determinadas organizaciones.
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