La Fiscalía pide cámaras en las aulas

El propio ministerio público tildó de «preocupantes» las estadísticas referentes a la violencia y los abusos entre menores. En la Comunitat se contabilizan 344 delitos: 168 agresiones sexuales y 176 abusos sexuales cometido por menores. Con todo ello sobre la mesa, la institución repara en la «dificultad» de la actividad probatoria de un acto delictivo que se produce «en un entorno de extrema intimidad en su ejecución» y donde existe «una connotación de vergüenza» por parte de las víctimas que suelen rechazar la vía judicial.

Su intención es evitar la falta de pruebas y por ello, en el acto de apertura del Año Judicial, la fiscal general del Estado, María José Segarra, dijo que se «podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en video de espacios cerrados, como despachos y aulas, que eviten la imposibilidad de acreditación del hecho o el que determinadas personas se vean sometidos a tan lacerantes como infundadas sospechas o imputaciones».

Otra de las razones en las que sostiene esta petición radica en que, tal y como constata la propia Fiscalía, estos delitos contra menores se llevan a cabo por personas cercanas a la víctima. «Son entornos familiares, educativos o de tiempo libre los que mejor catalogan estos escenarios», apuntó Segarra.

La violencia de género fue otro de los asuntos que más preocupó durante la presentación. Reconoció la «frustrante sensación» de no poder proteger a las víctimas de violencia machista. La seguridad de las mujeres disminuye debido al poco uso de dispositivos telemáticos, la lentitud de las autoridades, la denegación de medidas cautelares en los juzgados y la vinculación afectiva.

El asunto que preocupa en especial al Ministerio Fiscal: la desprotección de las víctimas de violencia de género que se atreven a denunciar. En 2018 constata un aumento en las muertes de mujeres que habían denunciado previamente. De las 49 asesinadas por parejas o exparejas, dieciséis habían formulado al menos una denuncia. «Este incremento genera la frustrante sensación de que, a pesar de la mayor confianza de las víctimas en la respuesta judicial, no se ha sido capaz de ofrecer la protección adecuada para su seguridad», refrenda la fiscal Segarra, cuyo equipo analizó por qué las mujeres que dan el paso quedan expuestas a sus agresores.

La Fiscalía dice que carecían del «control de las medidas por medios telemáticos», que no se había instalado «ni siquiera cuando existían varias denuncias o quebrantamientos anteriores, o cuando la valoración policial del riesgo era alta». Existían medidas de alejamiento vigentes en seis de los 16 casos mortales de agresión a mujeres que habían denunciado. El segundo factor por el que las mujeres con órdenes de protección son agredidas o asesinadas está en la lentitud del sistema. «Se hace necesario mejorar los tiempos de respuesta ante los supuestos de quebrantamiento de las medidas de protección de la víctima», explicó.