El fiscal pide casi tres años de cárcel para los acusados del incendio de Cortes

El fiscal de Medio Ambiente José Antonio Nuño quiere que el peso de la ley caiga con fuerza tras el mayor incendio forestal de este siglo en España. Pide dos años y nueve meses de prisión para los dos operarios de una empresa de instalaciones de energía solar a los que considera responsables, junto a una administradora, del mayor desastre forestal de España en este siglo: el terrible incendio forestal de Cortes de Pallás que arrasó casi 30.000 hectáreas en una docena de pueblos del interior de Valencia. La responsable de la mercantil se enfrenta a la misma pena que los instaladores.

El gran incendio se produjo el 29 de junio de 2012. Los acusados Antonio Salvador P. B., de 35 años en el momento de los hechos, y Víctor P. F., que contaba con 27, recibieron un encargo como trabajadores de la empresa Energía Solar Levante, de la que era administradora única la también acusada María Luisa V. S., de 40 años. El objetivo era, según el acusador, la colocación de unas placas solares en la Caseta de Mir de la partida Collado Azahar de Cortes.

Sobre las 14 horas de ese día, los trabajadores se desplazaron al lugar para la tarea encomendada. Así describe Nuño el detonante del fuego: «Accedieron al tejado, realizaron varias soldaduras para fijar el perfil de dichas placas y utilizaron una radial». Siempre según la Fiscalía, lo hicieron «sin adoptar las más elementales precauciones, pues sólo contaban con una garrafa de 5 litros de agua y de unos cartones que colocaron en el suelo, a pesar de que estaba decretado el nivel 3 de preemergencia de incendios. Esto conlleva la prohibición de utilizar aparatos de soldadura u otros que puedan ocasionar riesgo de incendios.

La utilización de equipos de soldadura, radiales y cualquier aparato capaz de producir fuego necesitan autorización administrativa y medidas de seguridad cuando, como en este caso, se produce a menos de 500 metros del monte . Los acusados y su empresa «carecían de dicha autorización». Incluso si la hubieran tenido, «dadas las condiciones meteorológicas y preemergencia por riesgo extremo de incendios forestales habría quedado en suspenso» ante la prohibición de toda actividad con fuego. Ese día hubo vientos de 51 km/h, 28 grados y una humedad relativa del 55%.

Al usar la radial y la soldadura en estas condiciones, «elementos metálicos candentes se proyectaron sobre vegetación reseca y eso dio lugar a la ignición de los combustibles altamente inflamables como las gramíneas agostadas que se encontraban en el suelo». El fuego se propagó a gran velocidad hacia el monte cercano «con el que existía continuidad». No había barrera exterior que lo impidiera, lo que generó «un incendio sin capacidad de control».

Las llamas avanzaron durante varios días de forma descontrolada hasta arrasar 29.752 hectáreas de terreno, mayoritariamente forestal, en Alborache, Catadau, Carlet, Cortes de Pallás, Dos Aguas, Llombai, Mascastre, Montroi, Real, Turís, Tous y Yátova.

Para el fiscal, los hechos suponen un delito de incendio forestal por imprudencia grave del que deben responder los tres acusados. Reclama para cada uno dos años y nueve meses de prisión y una multa de 4.800 euros. En la vía de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que los acusados indemnicen a todas las personas, empresas e instituciones damnificadas, con responsabilidad civil subsidiaria de la empresa de instalaciones y la responsabilidad civil directa de la compañía aseguradora. El número de damnificados supera el medio millar y, tras la fase pericial, el juzgado cuantificó desperfectos del fuego por valor de casi tres millones de euros.