El fiscal alerta del «riesgo de judicialización de la política» en la causa de la dana
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El ministerio público apoya el recurso de los investigados para unificar las acusaciones y propone a Podemos para liderar la representación popular y a cinco portavoces para las particulares
La Fiscalía de Valencia se ha sumado a las peticiones de la exconsellera Salomé Pradas y del que fuera su número 2 Emilio Argüeso y ... reclama a la Audiencia de Valencia que obligue a la jueza de la dana a unificar las acusaciones populares y particulares con el objetivo de agilizar la instrucción. La magistrada se opuso recientemente a la unificación y subrayó que el considerable número de acusaciones no dilataba la marcha de las pesquisas en esta compleja investigación.
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El ministerio público, en cambio, mantiene otro criterio. Recuerda que la diferencia de número entre acusaciones (14 populares y 21 particulares) y las dos únicas defensas puede afectar a lo que se considera como igualdad de armas. Además, muestra su preocupación ante el hecho de que los partidos políticos ejerzan de acusaciones populares. «Esto suscita una justificada desconfianza», apunta para, a continuación, señalar diferente jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por ejemplo, cita un auto que subraya que esta circunstancia aumenta el «riesgo de judicialización de la política, en la medida en que transforma el área de debate procesal en un terreno de confrontación política».
La acusación pública insiste en que la unificación no supone expulsar a nadie sino que se comparta abogado y procurador. Señala, por otra parte, que existen acusaciones populares personadas «cuyos objetos sociales y fines no se corresponden con la actuación en un delito de naturaleza semipública». Es decir, que sin la presencia de las representaciones particulares no habrían podido iniciar la causa.
La Fiscalía reitera a la Audiencia su tesis inicial. Que Podemos, que fue el primer partido que se personó y aportó la fianza, aglutine el resto de formaciones que se encuentran en el procedimiento. Respecto a las particulares, sugiere que se pacten cinco portavoces que son quienes liderarían la acción penal.
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El responsable del ministerio público discrepa de la instructora cuando esta mantiene que las acusaciones no retrasan la causa. En este punto, menciona la gran cantidad de diligencias solicitadas y rechazadas, así como los recursos interpuestos a sus decisiones que obligan a dar una respuesta primero desde su juzgado y, más tarde, desde la Audiencia. Además, señala la incongruencia de la magistrada al limitar las personaciones de cara al futuro, obligándolas a unirse a las ya existentes, lo que considera una «medida contradictoria con el espíritu del auto donde se niega a la unificación»
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